Guillermo Ávila N. - La Estrella de Valparaíso

El domingo pasado, las primeras lluvias del año trajeron consecuencias: un nuevo deslizamiento de tierra donde está situado el edificio Euromarina II, en Reñaca, epicentro de un enorme socavón tras los temporales en el invierno de 2024.

Ante la inestabilidad del suelo que ha puesto en riesgo a edificios, donde las propiedades afectadas fueron los edificios: Kandinsky, el 22 de agosto 2023; Santorini Norte el 11 de septiembre 2023 y Euromarina II el 9 de junio de 2024 y la Ruta CH-64, en ese contexto, hasta la Contraloría Regional de Valparaíso, llegó ayer el diputado Andrés Celis Montt para solicitar una auditoría sobre las medidas de mitigación implementadas por los organismos públicos en relación con los socavones en Viña del Mar y Concón.

En específico, el representante del distrito 7, explicó que, a raíz de las lluvias, se han gastado miles de millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Delegación Presidencial Regional y la Municipalidad de Viña del Mar, sin que exista claridad sobre la efectividad de estas intervenciones.

Recordó que el socavón de 2023 obligó a evacuar familias y generó impacto en la seguridad y calidad de vida de los vecinos. "Amerita una revisión exhaustiva de los recursos empleados". Y agregó: "Queremos saber cuánto se ha invertido y en qué se ha gastado. Hemos venido a Contraloría para que audite y garantice transparencia. No conocemos ningún plan concreto para enfrentar un posible nuevo colapso de tierra". Celis apuntó falta de coordinación entre entidades responsables. "No sabemos qué obras ha ejecutado el Serviu, si fueron adecuadas y cuánto costaron".

Al respecto, Nerida Paz López, directora (s) del Serviu respondió: "Hemos estado trabajando arduamente: tenemos sistemas de monitoreo y supervisión, tanto en la etapa de emergencia, de estabilización y construcción definitiva de la solución".

Y sumó: "Son distintas etapas. Una es pre-requisito de la otra y en ese proceso tomamos todas las medidas del monitoreo y supervisión. Hemos trabajado todo el semestre 2024 en la etapa previa de estabilización del talud. Eso permite entrar con la solución definitiva que es la construcción del colector".

Este martes, con la participación de actores claves de Valparaíso, se realizó una nueva sesión del Comité Consultivo Ciudadano para la Secretaría del Acuerdo BBNJ en la ciudad Puerto, ocasión en la que se abordaron temas relacionados puntualmente al fortalecimiento de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales.

Junto a esta reflexión, la instancia sirvió también para analizar la posibilidad de que Valparaíso albergue, tal como se ha promocionado en ocasiones anteriores, la Secretaría del Acuerdo BBNJ (tratado para la conservación de la Biodiversidad más allá de las áreas de Jurisdicción Nacional), el que representa, según la propia Cámara Regional de Comercio "una oportunidad única para proyectar a nuestra ciudad como un centro global de conservación y sostenibilidad oceánica".

Al respecto, la jefa comunal, Camila Nieto, indicó que el espacio "fue una instancia en la que el ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre los avances respecto de la ratificación del tratado y las aspiraciones de Valparaíso para convertirse en la sede".

"En ella", prosiguió la alcaldesa, "las distintas instituciones, incluidas organizaciones sociales, reiteramos nuestro apoyo a la protección de los mares y a la idea de que Valparaíso sea sede este importante tratado internacional".

Las críticas, a nivel regional, no se han detenido respecto al nombramiento interino de Paula Gutiérrez como seremi de Seguridad Pública.

Haciéndose cargo de ello, y aprovechando su visita a la región, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó las razones que existieron detrás de esta ya polémica designación.

"El Ejecutivo tenía dos alternativas: buscar el mecanismo de asignación permanente, en cuyo caso nos íbamos a tomar un tiempo, o buscar un mecanismo para que autoridades que actualmente desempeñan labores afines puedan desempeñar esa labor", aclaró el jefe de cartera, quien subrayó que esto se debe también a que "la instalación del ministerio de Seguridad Pública no tiene marcha blanca".

Sobre Gutiérrez en particular, a propósito del rol que tuvo durante el megaincendio -ocasión en la que fue delegada presidencial subrogante- esto se debería más bien a una "crítica política", pero "la obligación nuestra es garantizar continuidad de servicio con las personas que tenían experiencia en las regiones en materia del sistema de seguridad pública".

A raíz de este último punto, Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes Megaincendio, manifestó que la designación "es una falta de respeto, ya que es una persona que no estuvo a la altura de lo que sucedió con el incendio. Yo me pregunto, ¿no había nadie más competente que ella?".