Mirian Mondaca Herrera

Hasta hace algunas semanas, la familia y cercanos al empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario, contaban con la esperanza de que a fines de marzo finalmente se concretaría el desalojo del terreno de su propiedad que se mantiene tomado en el sector Calichero de Quilpué.

Aquello, de acuerdo a la información que en su momento entregó la abogada de la familia, Jeanette Bruna, se desprendió de reuniones previas. Sin embargo, todo eso se diluyó con el paso del tiempo y ahora no existe certeza de cuándo se podrá comenzar con las demoliciones de las viviendas irregulares situadas en el mencionado paño y que se ejecutarán con recargo al Serviu.

La fecha estimativa inicial para las demoliciones había sido planteada cuando aún lideraba el Serviu regional Rodrigo Uribe, quien fue removido en enero de este año. En su lugar ahora está como directora (s) Nerina Paz. Justamente Bruna acusa que a partir de ese cambio, la nueva autoridad habría optado por una posición hermética.

"Ante el silencio de la autoridad regional, nos vemos obligados a solicitar lobby con Contraloría Regional y con el ministro (de Vivienda), Carlos Montes, quien ha demostrado con hechos la voluntad de no dilatar más el cumplimiento de la sentencia que obliga a la Seremi Minvu a realizar la demolición de las construcciones ilegales con cargo a fondos Serviu, institución que debe adoptar todas las acciones necesarias para concretar la demolición sin más trámite", adelantó la abogada.

Para graficar aquella escasa comunicación, la jurista también remarcó que hace un mes se pidió por transparencia documentación relacionada con el item presupuestario al que cargarán la demolición, los pasos que estaban siguiendo para hacer el llamado a que la gente abandone voluntariamente y si habían tenido reuniones para acudir a la fuerza pública en caso que aún queden personas cuando se haga la demolición. Sin embargo, no han recibido respuesta y tampoco se ha respondido la solicitud de Ley de Lobby que pidió en febrero.

La familia, sostuvo, confía aún que las demoliciones y el desalojo se concreten antes de mayo, ya que el día 18 se cumplirán cinco años del homicidio.

Consultados al respecto, desde Serviu señalaron escuetamente que el proceso "está en curso".

Tras cumplirse ocho días sin clases, los estudiantes del liceo Alfredo Nazar de Playa Ancha retornarán hoy a sus respectivas aulas luego de padecer una plaga de roedores. Así lo determinó ayer el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (Slep).

"Respecto a la esperada normalización del servicio educativo, este miércoles 26 de marzo la seremi de Salud, en una nueva fiscalización, constató que no existe presencia de vectores y que todos los espacios se encuentran limpios. Lo anterior permite el uso de la cocina para elaboración de alimentos y la utilización de las salas de clases y otros espacios comunes", comunicaron desde Slep.

Producto de lo anterior, "de acuerdo a la planificación realizada interinstitucionalmente", especificaron desde Slep, "se retomarán las clases normales este jueves 27 con la correspondiente entrega de alimentación".

A propósito de la decisión, utilizando las redes sociales del establecimiento, su director, Adolfo Precht, indicó que la suspensión "nos permitió enfrentar esta lamentable situación", pero también, "ver lo mejor de nuestra comunidad y de los vínculos que se han generado".

A más de un año de que la Contraloría General de la República ordenara el inicio de un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas, aún no se conocen resultados del sumario interno puesto en marcha luego que el ente contralor detectó irregularidades al interior de la Dirección de Vialidad del MOP Valparaíso. Estas tienen que ver con el pago de horas extras nocturnas, marcaciones de asistencia al mismo tiempo y viáticos sin justificar.

Como consignó además Biobiochile.cl, algunos funcionarios involucrados en el pago de horas extras tenían vínculos familiares y otros marcaban su asistencia mientras cumplían sus días libres o administrativos. De igual manera, funcionarios implicados en estas irregularidades actualmente figurarían con cargos de jefaturas que tienen relación directa con los "derechos y deberes" de otros trabajadores.

A raíz de estas anomalías detectadas en el interior de esta dirección dependiente del Ministerio de Obras Públicas, estos antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público, mediante una denuncia que presentará el diputado de la región, Andrés Celis (exRN).

"Que funcionarias sumariadas por favorecer a sus familiares con horas extras hoy sean ascendidas en el MOP es una burla para la probidad y la función pública (...) demuestra que en el ministerio no solo se toleran las malas prácticas, sino que incluso se premian (...)", enfatizó el parlamentario, quien dijo que estas irregularidades pueden configurar delitos. También derivará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Desde el MOP indicaron que estos hechos datan de 2022 y que han significado el reforzamiento de las medidas de revisión y control, tanto internas como externas. Asimismo señalaron que la Dirección Nacional de Vialidad presentó una denuncia al Ministerio Público. "Actualmente existe un sumario en curso, que está muy avanzado, pero aún en investigación", reconocieron. Sobre las tareas de las funcionarias investigadas, aseguraron que "se les asignaron nombres de cargos que no correspondían a nivel regional y que no implicaron promociones, ascensos ni alzas de grados" y que por la dictación de estos actos "se impuso una medida correctiva en la Dirección Regional de Vialidad. Por lo tanto, no se desempeñan en ningún cargo de jefatura".

16 de enero de 2024, la Contraloría evacuó el informe final de la investigación que detectó las irregularidades.