Guillermo Ávila Nieves - La Estrella de Valparaíso

Fue la tarde del 19 de marzo pasado, a eso de las 17 horas, cuando Carabineros de la Segunda Comisaría de Quilpué detuvo a cuatro chilenos por infracción a la Ley de Control de Armas cuyo procedimiento, de acuerdo al teniente coronel Mauricio Burgos, subprefecto de los Servicios Prefectura Marga Marga, se gestó mediante un llamado telefónico al 133, "donde Carabineros se apersonó en el domicilio y logró incautar cinco armamentos y cerca de 350 municiones de distinto calibre".

Durante la fiscalización al inmueble ubicado en calle Belgrano Block 20, departamentos 14 y 24, Carabineros se encontraron con una mujer adulta (con orden de detención vigente por hurto en Villa Alemana) quien al abrir la puerta, mantenía sobre el piso un arma de fuego. Además de otro individuo ubicado a un costado de una cama que al moverlo, observaron un bolso que contenía: tres armas de fuego cortas tipo pistolas, un revolver y gran cantidad de munición de diferentes calibres. También se verificó un circuito cerrado de televisión y un tercer sujeto que portaba un revólver.

Fue así como la Fiscalía Local de Quilpué formalizó a cuatro imputados por tenencia ilegal de arma de fuego, arma prohibida, municiones y explosivos, y por el delito de amenaza a Carabineros. Al respecto, Mónica Arancibia, fiscal jefe de Quilpué dijo este lunes: "Su detención se había ampliado el día 20 (de marzo) y ayer finalmente fueron formalizados".

Sobre los sujetos, la persecutora afirmó: "Se trata de tres hombres (con antecedentes, sin órdenes pendientes) y una mujer que fueron detenidos, puesto que personal de carabineros respondió rápidamente ante diversos llamados a nivel 133 que daban cuenta del posible secuestro de una persona y que un grupo de individuos se encontraba en un block de departamentos de esta comuna, manteniendo gran cantidad de armamento".

La fiscal Arancibia confirmó que el armamento recuperado fue derivado al Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar) y personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó diligencias. En tanto, el tribunal dispuso la prisión preventiva de los imputados "por estimarlos un peligro para la seguridad de la sociedad, que su libertad además podía poner en peligro diligencias en esta causa y el claro peligro de fuga", detalló la persecutora. La Fiscalía realizará la investigación por el plazo de 90 días.

En tanto, Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué, señaló: "Estamos muy contentos y satisfechos de que esta detención se produce por el aviso de una denuncia anónima de un vecino del sector. Fuimos testigos de la detención de cuatro sujetos que ponían en riesgo a nuestra población por la tenencia de armas prohibidas, por la amenaza a Carabineros y por municiones de alto calibre".

Y agregó: "Hoy la Fiscalía de Valparaíso ha decidido formalizarlos". A su juicio, "es una señal de que efectivamente, cuando trabajamos de manera mancomunada, con un criterio único respecto de la seguridad pública, podemos sacar de circulación a gente tan peligrosa que maneja artefactos y armas de alto calibre".

Para Fidel Cueto, delegado presidencial provincial de Marga Marga, el resultado de este proceso "es una señal clara de que en nuestra provincia no hay espacio para la delincuencia. La prisión preventiva para estos cuatro imputados demuestra la gravedad de hechos y compromiso del Estado con seguridad".

Cueto subrayó: "Seguiremos trabajando para erradicar estas amenazas de bandas criminales que ponen en riesgo la vida de nuestros vecinos, y así dar tranquilidad y calidad de vida a la comunidad de la provincia".

"Se respondió rápidamente ante diversos llamados que daban cuenta del posible secuestro de una persona".

Mónica Arancibia, fiscal Quilpué

350 municiones, revólver calibre 38, pistola Taurus, Glock calibre 40 y 9MM, explosivos, entre los armamentos.

En el Juzgado de Garantía de Cañete se realizó ayer la formalización de Tomás Antihuen, imputado por el asesinato de los carabineros Carlos Cisternas, Sergio Arévalo y Misael Vidal. Quedó en prisión preventiva.

El viernes y tras casi un año de investigación, Carabineros detuvo en el sector de Lago Lleu Lleu -a 10 kilómetros de donde ocurrió el crimen- a Tomás Antihuen, el último prófugo por el crimen de los policías, ocurrido el 27 de abril de 2024, cuando los funcionarios iban a fiscalizar la cautelar de un familiar del imputado.

Tres meses después del crimen, en el que los uniformados fueron ejecutados y luego sus cuerpos fueron quemados, Carabineros detuvo a los hermanos de Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen, además de Nicolás Rivas, quien les habría facilitado las armas. En esa ocasión Tomás Antihuen huyó.

En la detención del último imputado se encontró en la casa una ametralladora UZI calibre 9 milímetros, que según detalló en la audiencia el fiscal Roberto Garrido, "corresponde al arma sustraída al cabo Arévalo".

A Tomás Antihuen se le encontró además una munición de ese armamento que, según un informe del Departamento de Crimininalistica de Carabineros, que la Fiscalía expuso en la formalización, coincide con una de las municiones halladas en el lugar donde fueron asesinados los carabineros.

El fiscal Carlos Bustos dijo en la audiencia que "se tomó muestra de la vaina y se comparó con el sitio del suceso (...) Esta se utilizó para simular un enfrentamiento y para dar muerte a los carabineros".

Desde el Ministerio Público señalaron además que Antihuen habría sido el "líder" y quien planificó este ataque.