Matías Gatica Lindsay

Desde el Gobierno criticaron duramente ayer los dichos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que expresó su preocupación por la crisis de seguridad que vive el país y emplazó a La Moneda a "considerar las propuestas del sector privado".

A través de un comunicado la CPC dijo que "Chile está perdiendo la batalla contra la inseguridad (...) no hay progreso posible en un país donde el miedo impide el normal funcionamiento de la sociedad".

"La delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico cobran cada vez más vidas humanas y toman espacios donde el Estado prácticamente no tiene presencia", agregó.

Ante ello el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que "la seguridad es una prioridad para el Gobierno de Chile y hemos impulsado una política de Estado incluso con acuerdos políticos sustantivos con sectores de la oposición"; y puso como ejemplo las medidas que se han tomado en la Macrozona Sur y en la frontera norte.

"La situación que acontecía cuando se inició el mandato del Presidente Boric en ambas zonas era de absoluto descontrol producto de las medidas que hemos ido impulsando se han mejorado significativamente los estándares de seguridad en ambas áreas", agregó.

Por su parte el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo "lo que me preocupa, esencialmente, es que la CPC mire los temas de seguridad como si fuera desde la galería (...) Los temas de seguridad son un compromiso del país en el cual el sector privado cumple un rol relevante".

"Yo logro entender la inquietud de la CPC, pero yo invitaría a la CPC a tener un rol activo y no simplemente de observador en relación a los temas de seguridad", agregó la autoridad.

En tanto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo a radio Infinita que "formulado de esa manera, uno esperaría que una organización gremial entienda que la lucha contra la delincuencia no es una batalla que se resuelve a través de una medida, sino que es una lucha permanente".

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, planteó que se han tomado medidas pero "los resultados no son inmediatos (...) Es un comunicado que traslada la responsabilidad para el frente y no genera ningún aporte (...) No hacen una autocrítica".

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la invitación a declarar que la Fiscalía le hizo al Presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación por la compra fallida de la casa del expresidente Salvador Allende.

El jueves se dio a conocer que la Fiscalía invitó a declarar al Presidente Boric en calidad de imputado en la causa en que se investiga su responsabilidad en la compra fallida de este inmueble, esto luego de una querella interpuesta en su contra por la Fundación Fuerza Ciudadana.

Sobre ello ayer el fiscal a cargo del caso, Patricio Cooper, dijo a radio Duna que lo que se hizo fue una invitación y no una citación debido a que "hay ciertas personas revestidas de autoridad (...) que no se les puede citar durante la fase de investigación, sino que solamente por un tribunal de la garantía, pero se les hace una invitación".

"Esa persona indica en la invitación fecha y hora para prestar declaración que puede no ser en dependencia del Ministerio Público, sino que en su domicilio o su lugar de trabajo", aclaró el persecutor, quien añadió que el jefe de Estado "va a declarar en calidad de imputado porque está querellado", aunque "no está obligado a responder porque tiene derecho a guardar silencio". Agregó que el mandatario sí "va a declarar y prestar la cooperación".

El subsecretario Luis Cordero señaló ayer que "al Presidente comparecer, prestar testimonio tantas veces lo requieran los tribunales y el Ministerio Público, no le incomoda. Lo que yo llamo la atención (...) es las razones por las cuales al Presidente se le cita. Y una de las razones es porque hay personas que están dedicadas a presentar querellas indiscriminadas contra autoridades".

A su juicio, "hay un grupo de personas que ha decidido utilizar el sistema penal como herramienta política, con la interposición de querellas que creo que están generando una distorsión en el sistema de enjuiciamiento criminal muy severa (...) Esto es muy complejo (...) A mí me parece que cuando eso además implica desafiar a la principal autoridad del país, es preocupante para el funcionamiento del sistema democrático".

Para ayer en Pedro Aguirre Cerda estaba fijada la ceremonia de promulgación de la reforma de pensiones, la cual finalmente se canceló por "motivos de fuerza mayor".

La cancelación de la ceremonia se dio en medio de las acusaciones contra el administrador municipal de Pedro Aguirre Cerda, Gerardo Sánchez, quien, según reveló The Clinic, habría presionado a funcionarios de la municipalidad para realizar aportes a la campaña del alcalde Luis Astudillo.

La ceremonia, que iba a ser encabezada por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el Presidente Gabriel Boric, será reprogramada, según confirmó La Moneda.

Al respecto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo a radio Infinita que "el tema de la promulgación es un paso intermedio previo a la publicación en el Diario Oficial. Todo ese proceso igual sigue su curso, así que en términos de la implementación misma de la reforma no hace mayor diferencia".

Esto se da en medio de las definiciones del PC para escoger a su precandidato presidencial, quien podría ser la ministra Jara.

Ante las críticas sobre que esta ceremonia serviría para impulsar una postulación de Jara, Marcel respondió que "el que la ministra vaya a ser o no candidata es un tema aparte que tiene que ver con la política contingente, pero aquí lo central es la reforma de pensiones (...) Me parece que es lógico que se haga un acto para celebrarlo porque es una reforma que fue esperada durante tanto tiempo".