Guillermo Ávila Nieves - La Estrella de Valparaíso

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó ayer la solicitud de suspensión del levantamiento del asentamiento irregular en Edén de Lajarilla, situada en Reñaca Alto, Viña del Mar. Esto tras ser ingresado un recurso de protección en representación de los residentes de ese sector que buscaban aplazar o detener el proceso.

De acuerdo a la resolución judicial, "atendido por el mérito de los antecedentes, no ha lugar a lo solicitado", fue el dictamen, cuyo veredicto fue resuelto por la Sala de la Corte porteña integrada por los ministros Rosa Aguirre, Pablo Droppelmann, Silvana Donoso, Esta última emitió el voto en contra.

Así las cosas, para hoy a las 9:00 AM, está programado el desalojo en Edén de Lajarilla, donde residen 84 familias. El abogado que representa a la comunidad, Gustavo Burgos, dijo a La Estrella que "lamentamos la resolución. Deja en indefensión a más de 300 personas, dentro de ellos un centenar de niños, adultos mayores y personas discapacitadas". Y agregó: "Incumple lo resuelto por la Corte Suprema que previno como condición necesaria para que tenga este lanzamiento el respeto que exista un albergue y se permita retirar sus enseres".

Burgos apuntó: "Ninguna autoridad se ha apersonado en la toma, de manera de tomar conocimiento de cuál es la realidad material de los pobladores de forma de adoptar las medidas cautelares que la Corte ordenó".

Por su parte, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la Región de Valparaíso, señaló que "hemos realizado todas las coordinaciones, tanto con los equipos municipales como con el resto de los servicios públicos involucrados en este proceso con la finalidad de garantizar la seguridad pública, el resguardo de protocolos y los derechos humanos".

Riquelme enfatizó que "este terreno corresponde a una propiedad privada, la cual su dueño no está dispuesto a vender. Municipio intentó interceder en varias ocasiones, logrando aplazamientos. Ante esto corresponde acatar lo dispuesto por la Justicia".

Revuelo provocó lo ocurrido durante las primeras horas del día de ayer: un allanamiento en el domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados (PC) Karol Cariola, que fue llevado a cabo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en Viña del Mar.

¿La razón? Presunto tráfico de influencias, en el marco de la investigación del "caso Sierra Bella". Esto relacionado con la compra fallida (por cerca de $8.200 millones) de una clínica durante la administración de Irací Hassler (PC) en Santiago.

Cabe señalar que el hecho ocurrió a pocas horas del nacimiento del primer hijo de Cariola junto a su pareja, el diputado (PS) Tomás de Rementería.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Fiscalía Regional de Coquimbo, se informó: "En el marco de diligencias investigativas efectuadas ante la solicitud de medios de prensa, informa que se ejecutaron y cumplieron resoluciones judiciales en la ciudad de Santiago, autorizadas por el Séptimo Juzgado de Garantía, con el objeto de recabar diversas evidencias para el esclarecimiento de hechos que pueden revestir carácter de delitos funcionarios, como presunto tráfico de influencias, en causa iniciada de oficio y que se deriva de otra causa penal conocida como 'Sierra Bella'".

La Fiscalía confirmó que "las diligencias consistieron en la incautación de especies electrónicas, entre ellas un notebook y un teléfono celular, y se efectuaron con total apego al debido proceso y respeto por las garantías constitucionales de las personas involucradas. El procedimiento se ejecutó sin inconveniente alguno y con la colaboración del entorno familiar de la parlamentaria".

El ente persecutor agregó que la investigación a la presidenta de la Cámara de Diputados "se encuentra abierta y en proceso de reunión de antecedentes". A su vez, la PDI encontró conversaciones entre la exalcaldesa de Santiago y la parlamentaria, lo que motivó al Ministerio Público a abrir investigación por un delito anexo a la fallida compra de la clínica.

A través de un comunicado, Karon Cariola dijo estar "dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera". Agregó desconocer las razones y "detalles de la investigación que se está llevando y que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni forma parte de ningún proceso judicial".

La diputada (RN) Camila Flores afirmó: "La justicia tiene que investigar, aquí no hay nadie que esté sobre la ley".

La parlamentaria (PC) Carmen Hertz enfatizó en X (ex Twitter): "El escandaloso allanamiento en casa de la diputada es muestra de odiosidad e inquina inaceptable".