"El Estado de Chile no estaba cumpliendo con sus obligaciones"
Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, examinó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las condiciones en los centros del Sename. 71 víctimas de la región de Valparaíso deben recibir compensación económica.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue anunciada el martes es contundente y no tiene dobles lecturas: el Estado de Chile vulneró los derechos de más de 200 adolescentes que formaban parte del hoy casi extinto Servicio Nacional de Menores (Sename).
En específico, según dicta la resolución, nuestro país es responsable por violaciones de derechos humanos vinculadas a las condiciones de privación de libertad en las que permanecieron 271 jóvenes entre los años 2006 y 2009. De este total, 71 formaban parte del Centro Lihuén de Limache.
De esta manera, para examinar el dictamen, que a todas luces golpea a nuestro país, el subsecretario de Justicia (y por estos días ministro subrogante), Ernesto Muñoz, conversó con el diario La Estrella de Valparaíso a propósito de la vocería que ha asumido la cartera en este tema.
¿Qué dice la sentencia en términos prácticos y en qué se traduce?
-Establece la responsabilidad del Estado de Chile en la vulneración a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y personal de los jóvenes, a propósito de la tragedia que ocurrió en 2007 en que diez jóvenes fallecieron en el centro de Puerto Montt. Además, se pronuncia sobre el no respeto de estas garantías fundamentales a propósito de los jóvenes recluidos en otros centros, como el de San Bernardo, Limache y Graneros.
La sentencia, señala Muñoz, le instruye "al Estado una serie de medidas y lo importante de destacar es que varias de estas medidas ya han sido implementadas por el Estado de Chile en el tiempo intermedio entre que ocurrió esta tragedia y el fallo".
-Se habla de una compensación económica en favor de las víctimas, la que no es menor -entre 1.500 a 3.500 dólares según el tiempo que permanecieron privados de libertad-. ¿Cómo se va a pagar aquello? ¿Se está evaluando?
-No quisiera adelantar los plazos de la implementación que, por cierto, la vamos a hacer con la celeridad que sea posible, pero simplemente destacar dos cosas. Los pagos de las reparaciones a las víctimas -de Puerto Montt-, se hicieron en su momento y fueron declaradas suficientes. En cuanto a las otras, que tienen que ver con entre 1.500 a 3.500 dólares, uno de los desafíos para nosotros como Estado va a ser el contactarnos y comunicarnos de manera efectiva con aquellas personas que hoy día, ya siendo adultos, pasaron en su momento por estos centros.
"Vamos a tener que desarrollar una labor bien proactiva y de la manera más eficaz posible para tratar de contactar a estos adultos y ese es un desafío, porque ciertamente lo que han vivido y lo que vivieron, muchas veces, desde el punto de vista de personas que han seguido con su vida, puede ser un poco complejo, pero en eso estamos concentrados hoy día", añadió.
-Sobre el Centro Lihuén, recinto de nuestra región. ¿Cómo está hoy este espacio?
-Se han implementado mejoras para beneficiar la calidad de la vida de los (79) jóvenes que están en el centro y eso tiene que ver con infraestructura. Por ejemplo, se ampliaron plazas, tanto de las masculinas, como de las femeninas; se incrementó también la oferta que existía respecto de la oferta educativa de talleres y por cierto, se hicieron inversiones fundamentalmente en la conservación del centro, de manera tal que el entorno en el que están pudiera ser un entorno que cumpliese con los estándares mínimos de habitabilidad y también asegurarnos de lo mínimo, como las redes eléctricas.
"Estas obras de conversación permitirán prolongar la vida útil del centro y generar condiciones adecuadas. Esa ha sido una de las áreas, que si uno compara el periodo de tiempo que el fallo observa -año 2008- a lo del día de hoy, claramente nos encontramos con una situación diametralmente distinta", agregó.
-A modo de reflexión y considerando que las conclusiones de la Corte son contundentes, ¿cree que esta sentencia viene a afectar nuestra imagen país?
-El Estado de Chile tiene una deuda con los niños, niñas y adolescentes de la que es consciente desde hace mucho tiempo y lo que este fallo nos refleja es algo que nosotros ya habíamos diagnosticado y por eso cuando estamos hablando de los que nos indica el fallo, hay tantos avances en tantas áreas (…). Había claridad de que el Estado de Chile no estaba cumpliendo con sus obligaciones frente al sistema internacional de los derechos humanos en lo que se refiere a los niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado. Eso hoy día es algo que no se discute.
En ese sentido, reflexionó finalmente la autoridad, "el Estado de Chile tiene obligaciones jurídicas, pero también tiene obligaciones que van al corazón de lo que somos como chilenos y chilenas: no podemos seguir enfrentando este tipo de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país".
"El Estado tiene una deuda con los niños, niñas y adolescentes de la que es consciente desde hace mucho tiempo".
Subsecretario Ernesto Muñoz.
71 víctimas de la región fueron identificadas en la sentencia: formaban parte del Centro Lihuén de Limache.