Corte de Apelaciones fija para el sábado desalojo de toma en Lajarilla
El tribunal de alzada solo accedió a 5 días de postergación y no los 12 que había solicitado el municipio de Viña del Mar. Ocupantes presentan querella.
Avanzada la tarde de ayer, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio a conocer su decisión tras el téngase presente presentado por la municipalidad de Viña del Mar la semana pasada para postergar el desalojo de la toma El Edén de Lajarilla, en Viña del Mar.
Finalmente, el tribunal de alzada solo accedió a otorgar cinco de los doce días pedidos por la casa edilicia para efectuar las coordinaciones necesarias para albergar a los ocupantes del asentamiento, tiempo en el que además los organismos competentes deberán efectuar la coordinación con Carabineros. De esta manera, el plazo para el lanzamiento con fuerza pública quedó para el sábado 22 de febrero a las 10:00 de la mañana.
La decisión vino después que el municipio ingresó un informe solicitado por la Corte sobre el plan de acción para recibir a las personas que ocupan el terreno y también sobre las coordinaciones con la policía uniformada. Entre otras cosas, en el escrito de la casa edilicia se expuso que se estableció un plan de monitoreo con el objetivo de analizar en tiempo real el estado de situación del sector, y de este modo, recolectar información que contribuye a la planificación y toma de decisiones en torno al alzamiento.
Precisamente durante la mañana de ayer, con la finalidad de frenar de manera definitiva el desalojo, los ocupantes del asentamiento irregular presentaron dos acciones judiciales a través del abogado Gustavo Burgos. En específico, se trata de una querella por el delito de estafa, ya que plantean que el dueño del terreno habría accedido a un beneficio pecuniario con la presencia de la toma y, además, un recurso de protección, para suspender el lanzamiento, ya que sostienen que este fue erróneamente ordenado.
Los habitantes de la toma insisten que en los inicios de esta, en febrero de 2022, el dueño del terreno. José Massú, les habría permitido vivir en el lugar, con la condición de mantenerse en una zona delimitada con una pandereta y evitar que se produjera el ocupamiento irregular de otros paños aledaños más extensos, lo que sí cumplieron, señalan. Sin embargo, después el empresario habría echado pie atrás en lo acordado y en marzo de ese mismo año presentó un recurso de protección denunciando usurpación de su predio y solitando el desalojo. Desde entonces, la causa está en tramitación en la Corte.
Sobre las acciones en tribunales presentadas ayer, Burgos explicó que la querella se interpuso por estafa, ya que "procede en todos aquellos casos en que mediante engaños yo tengo un beneficio pecuniario. El beneficio pecuniario del señor Massú es indudable, no solo del momento en que el lugar en cuestión era un vertedero de escombros, sino porque además, como resultado de la instalación de esta propiedad, esos inmuebles han adquirido una notoriedad y un valor comercial que indudablemente lo beneficia".
En tanto, Carlos Calixto, habitante de la toma y quien ofició de vocero del asentamiento irregular, indicó que "esta es una lucha de trabajadores, de amas de casa, de abuelos jubilados, que dependen de una pensión de 200 mil y algo, podemos decir que alguien nos engañó (...) nos sorprende cómo se dieron las cosas, cómo se hicieron negocios con los terrenos y nadie dijo nada".