Nicolás Palacios Opazo - La Estrella de Valparaíso

El comercio ambulante es un problemca recurrente en Viña del Mar, especialmente visible en zonas como calle Valparaíso, Caleta Abarca, avenida Perú y el Muelle Vergara. Aunque el municipio realiza fiscalizaciones diarias para controlar esta actividad, los enfrentamientos recientes entre funcionarios municipales y vendedores informales han puesto en evidencia las dificultades de aplicar medidas efectivas.

Lo insólito, es que en la comuna existen dos ordenanzas municipales vigentes, cada una con enfoques y objetivos distintos: la ordenanza de 2017 - N°8706-, impulsada por la administración de Virginia Reginato, establece multas de 5 UTM para quienes compren en el comercio informal.

Su objetivo principal es evitar la "competencia desleal" denunciada por comerciantes establecidos. Sin embargo, la aplicación de esta ordenanza ha sido limitada debido a las dificultades de fiscalización.

Letra muerta

Según el concejal Carlos Williams (IND), "la ordenanza de 2017 prácticamente ha sido letra muerta, porque nunca se pudo fiscalizar su cumplimiento debido a que los inspectores eran amenazados y agredidos por los mismos comerciantes, que defendían a los compradores infractores".

La ordenanza de 2022- la N° 12698 - , promovida por la gestión de Macarena Ripamonti, es una normativa que delimita espacios específicos para el comercio de artesanía, siempre que los vendedores cumplan con una serie de requisitos.

También autoriza el comercio móvil en sectores como avenida Perú y las partes altas de la ciudad, estableciendo multas de 2 a 4 UTM para quienes infrinjan las disposiciones.

Adicionalmente, introduce un sistema único de identificación personal con registro fotográfico obligatorio para los comerciantes autorizados.

Desde el municipio destacan que han innovado en la clasificación de las distintas modalidades de comercio en la vía pública, diferenciando entre comercio móvil autorizado, comercio estacionado y comercio ilegal, entre otras categorías.

También han sectorizado las áreas permitidas para estas actividades, integrando una perspectiva de seguridad para facilitar la fiscalización por parte de inspectores municipales y Carabineros.

A pesar de estos esfuerzos, durante los primeros diez días del año, el municipio reportó 36 operativos y 9 detenciones en fiscalizaciones, resultados que parecen insuficientes para controlar el panorama actual.

La concejal Nancy Díaz (FA) expresó que "se está regulando todo tipo de permisos, reevaluando y verificando que los otorgados estén correctos. Se ha desarrollado toda una estrategia para sacar el comercio ilegal, que además se incrementa con la población flotante en época estival, la cual trae comercio desde Santiago. El comercio se combate entre todos, y hago el llamado a no comprar en la calle; somos también responsables de que esto no siga creciendo".

El comercio informal no solo afecta la dinámica urbana, sino que también genera un fuerte impacto en el comercio establecido. Según Marcela Pastenes, gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso: "El comercio ambulante en Viña del Mar y, en general, en toda la región, ha alcanzado niveles insostenibles. Genera un daño profundo al comercio establecido y es una competencia desleal que distribuye productos sin pagar impuestos, sin certificación, representando un grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas. Además, muchas veces está estrechamente ligado con actividades ilegales y, en algunos casos, con el financiamiento de organizaciones criminales".

Pastenes agregó que, aunque los esfuerzos municipales son valorables, no son suficientes. "Erradicar el comercio informal debiese ser una prioridad de las autoridades. Necesitamos acciones claras, coordinadas y permanentes entre la Municipalidad, las policías y, especialmente, el Ministerio del Interior. Es fundamental establecer una mesa de trabajo público-privada que funcione de manera sistemática y efectiva para abordar esta crisis", concluyó.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acudió ayer a la comisión de Hacienda del Senado para hacer un análisis de la reforma de pensiones. El organismo detectó 11 riesgos en la propuesta y propuso medidas de mitigación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, acogió las recomendaciones y dijo que se realizarán ajustes.

En la sesión el presidente del CFA, Jorge Rodríguez, detalló los 11 riesgos, entre los cuales se encuentra la "sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal que implica la reforma", pues afirmó que el financiamiento de ella depende de la Ley de Cumplimiento Tributario y que en base a ello "existe cierta incertidumbre respecto de la cantidad a recaudar y la gradualidad con que se concretará", lo que pondría en riesgo el financiamiento.

Para subsanar esto, el CFA propuso que se partiera con un nivel más bajo de gasto y que aumenten cuando se cumplan ciertas condiciones.

A su vez Rodríguez dijo que como el Fondo Autónomo de Protección Previsional, quedaría desligado del Gobierno podría ser excluido del seguimiento de las reglas fiscales; que se debe dotar de más capacidades técnicas al Consejo Consultivo Previsional para garantizar que sea efectivo el monitoreo del sistema previsional; que el incremento de la cotización a un 7% podría encarecer las remuneraciones en sectores subsidiados como educación y salud; que la reforma podría tener efectos sobre el ahorro, la inversión y el empleo, entre otros riesgos.

Reforma necesaria

Pese a ello y tras entregar alternativas para cada una de las indicaciones, Rodríguez dijo que "esta discusión se da en un escenario de estrés fiscal", pero "sin desmedro" de ello, "el CFA considera que desde el punto de vista fiscal es necesario avanzar en una reforma de pensiones (...) Hay un riesgo de no hacer una reforma. El escenario muy simple que yo mencioné es que (...) si uno hace crecer la PGU no solo por inflación sino que por salarios reales, el costo fiscal podría elevarse a 7 puntos del PIB".

"Pero si no hay reforma, en el ámbito contributivo la presión incluso podría ser mayor que esa, porque también habría mucha más gente con poca pensión autofinanciada, por lo tanto también aumentaría la cobertura de personas necesitando pensión", señaló.

Marcel acogió las sugerencias del CFA y dijo que "todas las sugerencias de medidas de mitigación podemos incorporarlas sin mucha dificultad. Todas son consistentes con el espíritu con el que se ha trabajado. No vemos temas que generen mayor complejidad".

Por su parte la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reconoció en radio Futuro que "es bien probable que esta discusión (reforma de pensiones) pase para marzo".