Matías Gatica Lindsay

El Presidente Gabriel Boric lideró ayer el último consejo de gabinete del año en el que señaló que las prioridades para los próximos meses serán avanzar en la reforma de pensiones y en la prevención y combate de incendios forestales.

Como primera prioridad, Boric aseguró que espera que la reforma de pensiones pueda "llegar a puerto en el mes de enero", y aseguró que para que esto suceda "depende de la voluntad de las dos partes, en este caso de la oposición".

En segundo lugar, el jefe de Estado destacó los trabajos preventivos que se han realizado para la prevención de incendios en verano a través del fortalecimiento del presupuesto para Conaf y Senapred. "Este año hemos incorporado más aviones, hemos incorporado más brigadistas, hemos afinado la colaboración público-privada, pero la prevención es importante y, por lo tanto, les vamos a encargar que este mes y el mes de enero incorporen siempre dentro de sus pautas actividades vinculadas a la prevención de incendios", dijo.

Por otra parte, felicitó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por la aprobación del Ministerio de Seguridad y, pese a que la jefa de gabinete había dicho que éste estaría operativo antes del 1 de junio, Boric acotó aún más ese plazo y aseguró que "tenemos un año y lo vamos a hacer en cuatro meses, si no, un poco menos".

Sobre ello, la ministra Tohá dijo que "hoy día el presidente en el Consejo de Gabinete habló de cuatro meses, que estamos hablando, no sé, inicio de abril. Entonces, ¿es un plazo estrecho? Sí. Sin embargo, quiero decir, aquí hay harto trabajo adelantado".

Por otra parte, ExAnte publicó ayer una carta del exsubsecretario Manuel Monsalve en la que decía que renunciaba voluntariamente a su cargo tras ser acusado de violación y abuso sexual, lo que contradecía la versión de La Moneda que señaló que fue el Presidente Boric quien le pidió la renuncia.

Consultada por eso, la ministra Tohá dijo ayer que "la carta podrá decir cualquier cosa, pero los hechos fueron los que fueron", asegurando que fue el mandatario quien le pidió la renuncia. "Voy a ser categórica en esto: el Presidente de la República hizo una declaración ante la Fiscalía voluntariamente. Esto está ante una declaración a la Fiscalía, no está en discusión", afirmó Tohá.

La Asociación Nacional de Trabajadores María Ester Feres (Antramef) de la Dirección del Trabajo (DT) denunció al director de esa institución, Pablo Zenteno, por una presunta infracción a la Ley Karin.

Según comunicó el gremio, Zenteno habría protagonizado un hecho de violencia contra una funcionaria mientras sostenían una reunión para conversar sobre despidos masivos en el organismo.

La Antramef le comunicó a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que el director del trabajo habría "interrumpido sostenidamente a la presidenta de la asociación, Jocelyn Moreno, mediante gritos descontrolados, increpando haber sido tratado de dictador en las movilizaciones". Esto habría ocurrido por varios minutos hasta que Zenteno abandonó la sala, por lo que la sesión fue suspendida.

La reunión se llevó a cabo porque los trabajadores acusan a Zenteno de incumplir los acuerdos sobre las desvinculaciones en la dirección, puesto que aseguran que el jueves se comenzó a notificar a los afectados por correo electrónico. Esto se suma a demandas laborales que han impulsado desde el gremio que convocó a una manifestación para exigir su salida del cargo.

Los trabajadores le solicitaron a la ministra Jara acoger la denuncia, pues consideran que es "súper importante no permitir la violencia en la DT".

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se refirió ayer a la incautación del celular y el computador de uno de los asesores de la bancada de diputados de ese partido, Enrique Aldunate, quien fue denunciado por una subordinada a quien le habría instruido entregar a un periodista un pendrive con detalles de la investigación del Caso Audios, de la cual los diputados de la colectividad Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini son querellantes y él patrocinador.

Tras la incautación de la Fiscalía, el PS anunció que Aldunate dejaba de trabajar en la bancada y él se defendió a través de una carta en la que dijo que era acusado de hechos "falsos" y se declaró inocente.

Por otra parte, Manouchehri y Cicardini dijeron que ellos no instruyeron la entrega de estos antecedentes y calificaron de "sospechoso" que la denuncia viniera de un abogado militante del Partido Republicano.

Sobre eso último, la senadora Vodanovic señaló ayer a CNN Radio que "no tengo antecedentes para señalar eso".

Además, destacó la determinación del partido de sacarlo de la bancada y aclaró que esto se trató de una "actuación personal, de una persona que no es militante del partido".

Por otra parte, respaldó que los diputados sean querellantes en esta causa originada por la escucha de un audio de Luis Hermosilla. "Más allá de su rol como diputados, son ciudadanos de este país y tienen todo el derecho a actuar como querellantes en una causa de interés público", sostuvo.