Paro del sector público tuvo una adhesión en torno al 90% en la región
Gran porcentaje de los colegios públicos de la zona no tuvieron clases este jueves. La red asistencial de salud, en tanto, funcionó con normalidad.
Tal como lo habían adelantado a inicios de esta semana, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y las organizaciones que integran la Mesa del Sector Público, concretaron la paralización "en defensa del empleo público y la estabilidad laboral".
En la región, según revelaron los dirigentes locales, más del 90% de las reparticiones públicas paralizaron sus actividades para sumarse a la marcha que se llevó a cabo en las céntricas calles de Valparaíso, lugar hasta donde llegaron "entre ocho mil y diez mil personas".
En la ocasión, participaron, incluso, "asociaciones que antes no habían participado, como la de los funcionarios del Congreso", informaron los voceros.
"El objetivo de esto es mejorar la función pública y esta mejora no solamente parte por modernizar el Estado sino que además, significa generar un presupuesto adecuado que asegure la capacitación de los funcionarios, mejores condiciones de atención de los usuarios y por supuesto también, que asegure que los trabajadores lleguemos a fin de mes con la remuneración", sostuvo Gonzalo Cisternas, dirigente provincial de Anef y CUT Marga Marga, a propósito de la discusión que hoy está llevando el parlamento sobre el Presupuesto 2025.
"parte de la torta"
Fabrizio González, presidente de la Confusam V Región, aseguró que se necesita un reajuste mayor.
"Sabemos que la negociación está difícil, el momento económico del país tampoco nos da altas expectativas de tener un reajuste muy alto, pero creemos que independiente de todo, el país igual creció y en ese crecimiento, los trabajadores de la atención primaria y el resto del sector público contribuyeron para generar riqueza, por lo tanto, nos corresponde parte de esa torta", aseveró González, quien estima que "un reajuste digno para este 2025 debiese ser de un 3% por sobre el IPC acumulado hasta diciembre; ese número aún no lo tenemos, pero nosotros pusimos sobre la mesa una cifra de 0,5% de reajuste, eso como basal".
Confianza legítima
Desde la mirada parlamentaria, el diputado PC, Luis Cuello, en su calidad de presidente de la comisión de Trabajo, junto con coincidir en el hecho de que lo primero es aprobar un reajuste "como el que piden los trabajadores", señaló que "nosotros tenemos que hacernos cargo respecto de lo que ha pasado con el dictamen de la Contraloría que precariza la función pública, que echa por tierra la confianza legítima, que asuma el riesgo de que ocurran cosas como cuando asumió el expresidente Piñera en su primer Gobierno, cuando fueron despedidos 11 mil servidores públicos".
Por eso, añadió, "presenté un proyecto de ley junto con otros parlamentarios para establecer con rango legal la confianza legítima para los trabajadores a contrata. Este proyecto ha sido aprobado en la sala en su admisibilidad, por lo tanto, lo voy a poner en tabla en la próxima comisión para empezar a discutirlo".