Policías del OS7 detenidos montaban operativos y se quedaban con incautaciones
Ayer se realizó la formalización de los seis efectivos de unidad especilizada de San Felipe: cuatro quedaron en prisión preventiva, pero fiscalía apelará.
En audiencia privada y reservada para los medios de comunicación, ayer fueron formalizados los seis carabineros del OS7 de Aconcagua por el delito de tráfico ilícito de drogas, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y receptación, entre otros.
A pesar que el Ministerio Público pidió la cautelar de prisión preventiva para la totalidad de los imputados y que el Tribunal de Garantía de Viña del Mar dio por acreditados los hechos, el magistrado Roberto Pinto sólo accedió a decretarla respecto de cuatro de los imputados.
Por lo anterior, la Fiscalía alegó respecto de los otros dos funcionarios - una mujer policía y un suboficial - por lo que será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que resuelva respecto de ellos.
Maximiliano Krause, persecutor del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, detalló el modo en que operaban los seis funcionarios de Carabineros, destacando en primera instancia que esta investigación se generó por una iniciativa propia de la institución policial.
"Durante la investigación fue posible mantener el secreto de ésta sin la intervención de los altos mandos, lo que facilitó, en gran medida, el poder implementar técnicas investigativas bastante sofisticadas que por razones de éxito de la investigación no puedo revelar, pero que en definitiva nos permiten interceptar conversaciones de las personas investigadas que corresponden a seis funcionarios policiales de la Sección OS7 de San Felipe", detalló el abogado.
Así operaban
Según lo informado por el fiscal, los seis funcionarios habrían incurrido en distintas conductas constitutivas de delito.
"La primera de ellas es llevar a cabo implementación de técnicas de investigar no autorizadas. La Ley 20.000 establece, regula y prohíbe a cuaquier persona el adquirir drogas o sustancias sicotrópicas o estupefacientes. La única excepción que existe es cuando, en el contexto de una investigación de drogas, un fiscal del Ministerio Público autoriza a un policía o a un informante para que adquiera esa sustancia, si no es así, es un delito", precisó Krause.
El fiscal del Sacfi manifestó que si bien funcionarios inexpertos podrían incurrir en este tipo de "errores", no es el caso de los imputados.
"La investigación, lejos de mostrar un error, lo que mostró fue que de manera sistemática estas personas, los seis funcionarios, a veces cuatro, a veces tres, a veces dos solamente, pero en a lo menos una decena de oportunidades, implementaron estas técnicas sin autorización de un fiscal, es decir fueron y buscaron personas que eran conocidas por ellos, normalmente personas en situación de calle, les encargaron la compra de droga y luego que le encargaron la compra de drogas en determinados lugares que estaban investigando, ellos recibían la droga que habían comprado y acto seguido llamaban a un fiscal diciendo que iban a iniciar diligencias, es decir, ocultándole que ya habían realizado gestiones, y ocultándole obviamente que habían entregado dinero a una persona civil para comprar droga", añadió el persecutor.
Otra forma de actuar de estos carabineros era que en caso de no hallar droga en un procedimiento, no escatimaban en "cargar" a personas y montar un procedimiento.
"Las medidas intrusivas lo que permitieron establecer luego fue que en los procedimientos ellos si no encontraban drogas, con droga que ellos mantenían almacenada en la unidad policial, que no es droga que estaba en la sala de custodia sino que droga que ellos tenían en su poder, cantidades que iban entre los 300 gramos y el kilo de droga oculto en sus casilleros, como ordinariamente se dice, 'cargaban' a las personas y el dinero que les incautaban, se lo apropiaban", añadió Krause.
Ahora bien, en aquellos procedimientos en los que efectivamente encontraban droga, los funcionarios se quedaban con parte de ella detallando en los partes policiales cantidades inferiores a las incautadas. Igual conducta repetían respecto de la incautación de dinero y el reparto de ellos entre los involucrados.
El tribunal fijó 180 días como plazo de investigación.