Guillermo Ávila Nieves - La Estrella de Valparaíso

"Estimado Mauricio: revisando antecedentes, todos los contratos realizados con su empresa están en nivel central en análisis para pago. Estamos a la espera de novedades".

Esas fueron las últimas palabras que desde la jefatura de gabinete de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, recibiera, de acuerdo a lo comentado a La Estrella, Mauricio Fernández, dueño desde 1996 de la empresa MFM Transportes Eirl, uno de los proveedores que prestó servicios profesionales en labores de traslado de enseres y alimentos a damnificados en Quilpué tras el megaincendio de febrero pasado.

El empresario acusa que serían más de 400 millones de pesos los adeudados. "Aún no me pagan. Ni fecha me han dado. Se cumplieron más de tres semanas de aquella última publicación desde la Delegación Presidencial de Valparaíso".

Dese Placilla explica: "Siempre el mismo discurso: esperan recursos del Ministerio del Interior... ellos (Delegación) están al tanto que me debían pagar el 23 de septiembre, y saben que estoy endeudado en bancos".

Al momento de este contacto, Fernández cuenta que va camino a una entidad bancaria para renegociar un crédito, "que debería haber liquidado con los pagos de septiembre". Enfatiza: "Sigo de brazos cruzados, generando lucas que no me alcanza con las deudas contraídas. Me deben unos $400 millones".

Reconoce que la situación lo angustia en demasía. "Debo mucho dinero a mis colaboradores. Todo tiene un límite", lamenta.

Fernández recuerda que las faenas partieron el 23 de febrero para terminar sus labores a mediados de agosto de este año.

Sostiene que los contratos fueron firmados entre los días 8 y 9 de agosto con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, instancia que depende del Ministerio del Interior. "Aporté toda mi documentación firmada, visada y conforme con el municipio de Quilpué de todos los trabajos que efectué", especifica.

Mala experiencia

Para el consejero regional, Manuel Millones, la situación de los pagos pendientes a proveedores del incendio resulta dramático. "Devela inexperiencia y negligencia en los diferentes niveles, pero con costos sociales a particulares, incluso quedan expuestos a la quiebra y obviamente las futuras demandas al Estado".

A juicio del core, hay un aspecto más grave: "Dada la mala experiencia con estas contrataciones, nadie va a querer prestarle servicios al Estado para nuevas emergencias".

Según Millones, "se estableció un mal precedente y esta es la primera tarea a enfrentar por el nuevo delegado presidencial Yanino Riquelme y que no resolvió Sofía González".

Este año, los parlamentarios Tomás Lagomarsino (PR) y Andrés Celis Montt (RN) fueron parte de la llamada Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio por tres meses.

El diputado Lagomarsino, quien presidiera esta instancia legislativa, comenta que le resulta "impresentable que aún haya proveedores a los cuales la Delegación Presidencial Regional todavía les deba".

Y añadió: "He conocido otros casos en los cuales se les deben muchos recursos y que ponen en riesgo a estos proveedores que confiaron en el Estado, incluso esperando pagos a varios meses a posterioridad para entregar lo que requerían los damnificados", afirma Lagomarsino.

En este punto, el core Millones lanza: "A González y Fierro Ltda., le adeudan 600 millones. Ellos tuvieron a cargo los centros de acopio. Y están pendientes los hoteles que funcionaron como albergues", y que serían otros 250 millones de pesos.

A su vez, el representante en la Cámara Baja, Andrés Celis, calificó el hecho de "vergonzoso". Sobre este caso, expone que Mauricio Fernández, "con su empresa puso sus camiones, combustible y esfuerzo al servicio de la emergencia: hoy está con grandes deudas tratando de renegociar con el banco para no quebrar, sin siquiera facturar porque no le emiten la orden de pago". Y es tajante: "Aquí hay que asumir responsabilidades y pagar de inmediato. Basta de excusas".

Por otra parte, para el diputado (RN) por el Distrito 6, Andrés Longton, "aquellos que estuvieron dispuestos a prestar sus servicios para ir en ayuda de los damnificados no se les paga a casi ya un año de los incendios". Adelanta: "Tendremos una sesión especial convocada para que el Gobierno dé respuestas y soluciones".

Los días pasan y las deudas se acrecientan. En ese escenario, Mauricio Fernández recalca que no sabe qué más hacer. Sobre acciones legales, desprende: "El tema judicial no lo descarto", aunque aduce que "serían juicios largos".

La Estrella contactó a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, pero hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

1.000 millones de pesos, o más sería estimado que Ejecutivo adeudaría según proveedores: servicios en la emergencia.