El viernes vence plazo para reclamación contra desalojo de toma en terreno Correa
Si no ocurre, se debe ejecutar -sin más trámite- la demolición de las construcciones con auxilio de la fuerza pública, insiste abogada Bruna.
Un llamado a que deje de reinar "el estatus de la ley de la selva que ha imperado hasta ahora", realizó la abogada Jeanette Bruna, que representa a la familia del empresario Alejandro Correa, en una semana crucial para las pretensiones de los cercanos del hombre asesinado en Concón por recuperar el terreno que se mantiene tomado en Quilpué. Y es que este viernes 8 de novembre vence el plazo para que se pueda presentar alguna reclamación en contra de la orden de demolición respecto a este paño ubicado en el sector Calichero.
Cabe recordar que el pasado 9 de octubre fue publicada en el Diario Oficial la resolución respecto al desalojo.Sin embargo, el abogado de algunos de los ocupantes del terreno señaló durante el reciente fin de semana a El Mercurio de Valparaíso que no han sido notificados todavía.
A sólo cuatro días de que se cumpla el mencionado plazo, Jeanette Bruna remarcó que si este viernes 8 de noviembre la Seremi de Vivienda "no es notificada de la resolución que acoja a tramitación la acción de reclamación judicial en contra de su orden de demolición, entonces la misma ley dispone y corrobora la sentencia que debe proceder a ejecutar sin más trámite la demolición de las construcciones ilegales, con auxilio de la fuerza pública en caso que hayan ocupantes".
En esa misma línea, la abogada urbanista sostuvo que esto implica que deberán comunicar a Serviu para que proceda con lo necesario para la demolición, con cargo a los fondos que dispone dicho organismo para este efecto, "dado que en este caso se busca resguardar la legalidad urbanística, es decir, el bien común de la sociedad de que no existan construcciones fuera de la ley, y teniendo en cuenta además de que en este caso las construcciones ilegales están emplazadas en una zona de riesgo, que no admite viviendas y en terreno por cuya defensa fue asesinado don Alejandro Correa", complementó la jurista.
La mencionada resolución de comienzos de octubre se fundamentó en que las 43 viviendas involucradas fueron construidas ilegalmente, sin permisos de obras, en un terreno con riesgo de remoción de masas y sin respetar el Plan Regulador de Quilpué. En ese contexto, desde la Seremi del Minvu confirmaron que aquella orden de demolición fue decretada por el incumplimiento a la legalidad urbanística y el peligro que corren las familias al estar emplazadas en zona de riesgo.
Sin excusas
En la antesala de la expiración del plazo, la abogada de la famiia Correa recalcó también que ha existido suficiente plazo para que las autoridades tengan preparados los aspectos administrativos y financieros para organizar de la mejor manera el trabajo que implica el desalojo, "de modo que no sería admisible alguna excusa relacionada con falta de recursos, sobre todo cuando la Seremi debe velar por cumplir la sentencia que la mandata a ejecutar la demolición, y eso implica hacer todo lo necesario, mismo sentido en que se ha pronunciado Contraloria", dijo.