Francisca Palma Schiller

Una verdadera "semana del terror" han tenido los establecimientos educacionales porteños luego de que se registraran dos peligrosos incidentes en dos liceos distintos: mientras este lunes se desplomó el portón de ingreso por falta de mantención en la Escuela Juan José Latorre Benavente -ubicada en el Barrio O'Higgins-, este miércoles, al interior de la Escuela Ciudad de Berlín -cerro Placeres-, se desprendieron soportes estructurales de una sala de clases. Al menos así lo dejaron en evidencia una serie de registros fotográficos (ver imágenes).

De esta manera, y considerando que "en ambos incidentes existió un riesgo para la integridad de los estudiantes, trabajadores y apoderados", las comunidades educativas solicitaron, de forma urgente, respuestas al Servicio Local de Educación Pública.

"SLEP debe asumir la responsabilidad de comunicar de manera más eficaz y eficiente estas situaciones de emergencias y reportar las acciones a desarrollar en un plan de acción definido para superarlas", solicitaron.

"Exigimos que el SLEP realice la implementación de un sistema de turnos de emergencia con personal de dedicación exclusiva a atender de manera inmediata y oportuna cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades", aseveraron a través de una declaración pública, quienes también pidieron adelantar la mesa de trabajo anunciada para el 18 de noviembre.

Alejandra Arévalo, presidenta del Colegio de Profesores de la comuna de Valparaíso, señaló que "las emergencias de infraestructura son mayores de las que eventualmente se observan o se mencionan", esto porque el sistema anterior -sostenido por las Corporaciones- priorizó intervenciones para "asegurar el servicio educativo, pero no se realizaron en función de las necesidades propias del paso de tiempo y el deterioro por el uso de las instalaciones y el clima".

Respondiendo a ambos casos, el director ejecutivo suplente del SLEP Valparaíso, Pablo Mecklenburg, declaró, en el caso de la Escuela Juan José, que "efectivamente el portón se cayó, pero inmediatamente se envió un equipo para poder repararlo y está funcionando con normalidad".

En cuanto a Ciudad de Berlín, "inmediatamente nos avisó la directora de la situación, los equipos comenzaron a trabajar desde ayer (miércoles)".

Es importante destacar que, "en la segunda quincena de noviembre, la empresa cumpliendo con las normativas que les exige la Ley de garantías y contratos, ingresaría a trabajar en el proyecto de conservación que ya estaba aprobado con anterioridad a este hecho, cuya inversión es de $154.725.000".

Cinco años después del denominado estallido social en los tribunales de la región siguen en tramitación causas relacionadas con convulsiva etapa. En la antesala de esta fecha que forma parte de la historia reciente del país, La Estrella pudo acceder a algunas cifras actualizadas del Ministerio Público sobre casos de violencia institucional ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en base a información del Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF).

A nivel nacional, 8.706 causas figuran como terminadas, 1.402 vigentes, 22 transferidas y 12 suspendidas.

En el caso particular de la Región de Valparaíso, de los 966 casos ingresados totales, 884 están terminados y 78 se mantienen vigentes. El restante corresponde a las otras clasificaciones mencionadas anteriormente.

Previo a este nuevo 18 de octubre, precisamente el martes de esta semana, uno de estas causas vigentes de la región tuvo su jornada de veredicto condenatorio en el marco del juicio que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes. En la instancia, se consideró culpable a una funcionaria de Carabineros por hechos registrados el 4 de noviembre de 2019 en el interior de la Tercera Comisaría de esa comuna.

Lo anterior sucedió en el contexto de una detención vinculada al estallido social. Según detalló el fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, este hecho, que se dio por acreditado por parte del tribunal, consistió en "un desnudamiento de la detenida y además de otro tipo de vejámenes".

"La funcionaria fue condenada como autora del delito de apremios ilegítimos respecto de esta víctima, una mujer de 18 años de edad y, en los próximos días se espera la sentencia. Se solicitó por parte de la Fiscalía una pena de cuatro años respecto de la funcionaria", añadió.

Desde el INDH han seguido de cerca este y los otros casos de los que han sido parte: 339 querellas han ingresado en total en la región. "Tenemos ocho condenas firmes y ejecutoriadas, o sea, tenemos aproximadamente un 2,66% de los procesos que hemos seguido (...)", dijo el jefe regional, Fernando Martínez. De esas ocho, no existe ninguna condena que haya sido de pena efectiva, ya que seis terminaron en remisión condicional de la pena y dos en libertad vigilada intensiva.

884 causas, son las que están registradas como terminadas en la región en el contexto del estallido social.