Mirian Mondaca Herrera

Poco más de cuatro meses después de que el gobierno ingresó la propuesta legislativa, este miércoles 16 de octubre fue despachado al Senado el proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas, luego de un intenso debate y votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esta instancia estuvo marcada por las notorias diferencias de opinión entre los representantes del oficialismo y la oposición, que derivó además en que en varias normas no se alcanzara la cantidad de votos, por lo cual fueron rechazadas, y la iniciativa no pasó íntegra al próximo trámite legislativo.

La Sala de la Cámara rechazó normas que tenían rango orgánico constitucional. Entre lo que no generó consenso estuvo el derecho de las y los alumnos a estudiar en un ambiente tolerante, seguro, saludable, de respeto mutuo, libre de violencia y de resguardo de su indemnidad sexual. También se rechazó que se respete y reconozca su libertad personal y de conciencia, y que no se incurra en actos discriminatorios como aquellos motivados a su pertenencia étnica, cultural, religiosa, ideología e identidad sexual.

Tampoco pasó al Senado la norma que consideraba como objetivo de la educación media desarrollar habilidades para la resolución de conflictos personales e interpersonales. Esto, mediante talleres en las horas de orientación y consejo de curso.

De igual forma, no hubo acuerdo en los principios para la gestión de colaboración de los conflictos.

Asimismo, en la Sala se rechazó que la Superintendencia de Educación capacitara a los establecimientos educacionales y pidiera asesoría al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP).

¿qué dice el proyecto?

La iniciativa, aprobada de manera parcial, modifica la Política Nacional de Convivencia Educativa.

Enre otros aspectos, en el ámbito del bienestar de los equipos educativos, se propone reforzar el resguardo de la autoridad pedagógica y los derechos de las y los trabajadores de la educación, para lo cual se mejorarán los estatutos que rigen a los trabajadores de la educación y los procedimientos de calificación de enfermedades profesionales por estrés laboral. Además, se resguardará que los establecimientos puedan denunciar a todo evento los casos de agresión a trabajadores de la educación.

Además, el proyecto también refuerza los deberes de prevención y actuación para el adecuado resguardo de los integrantes de la comunidad. Para esto, los adultos de las comunidades educativas deberán informar oportunamente sobre hechos que tomen conocimiento de acoso, violencia o discriminación contra cualquier miembro de la comunidad.

De igual forma, los establecimientos deberán adoptar medidas preventivas, los sostenedores tendrán que garantizar la actuación oportuna del establecimiento, y los procedimientos disciplinarios deberán asegurar la imparcialidad, privacidad, proporcionalidad y celeridad.

Miradas opuestas

Desde el lado de los parlamentarios oficialistas destacaron la aprobación de la iniciativa pese a que varias normas no sortearon la valla de la Sala. Uno de ellos fue el diputado de la región Luis Cuello (PC), quien lo catalogó como "un avance", ya que se hace cargo de la problemática de la convivencia, que tuvo un incremento notorio en la intensidad de violencia en contexto escolar después de la pandemia.

"Los estudiantes y los padres necesitan construir un ambiente libre de violencia o discriminación. El proyecto contiene aspectos relevantes como la asignación de responsables de la promoción de una convivencia sana y adecuada para el aprendizaje", dijo Cuello.

En la vereda opuesta, la también diputada de la región, Chiara Barchiesi (Partido Republicano), se inclinó por el rechazo de la iniciativa, ya que planteó que está lejos de brindar una solución real al problema. "Los profesores y directores de Chile esperan más facultades para prevenir y combatir la violencia escolar, ¿qué le da a cambio el gobierno de Gabriel Boric? Más carga laboral, más protocolos y más burocracia inútil (...) ¿Les ofrece más recursos por último? Ni siquiera eso, el informe financiero destina cero peso para el trabajo de los colegios y más de mil millones para el gobierno en concepto de mediciones y más cargos (...)", dijo la parlamentaria.

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN) señaló que "en general voté en contra del proyecto de Ley de Convivencia porque, aunque tiene buenas intenciones, simplemente no es suficiente para enfrentar los graves problemas que hoy afectan a nuestras escuelas. Este proyecto carece de los recursos y del apoyo necesario para ser efectivo".

Tras su aprobación, la iniciativa pasó a su segundo trámite constitucional en el Senado.