Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el año 1990. La Convención es el primer texto internacional que reconoce explícitamente los derechos del niño, niña y adolescente, estableciendo una serie de derechos fundamentales que deben ser recogidos, respetados y garantizados por los Estados. Básicamente este reconoce 4 pilares fundamentales: el principio de no discriminación, la búsqueda de su interés superior del niño, el aseguramiento de su supervivencia, desarrollo y protección y, considerando su estatus de sujeto de derechos, su participación en decisiones que les afecten.

Desde el año 1990 a la fecha en Chile se han ido implementando medidas de diversa naturaleza para garantizar los derechos que la Convención reconoce. Se han constatado avances en la institucionalidad, como la creación de la Defensoría de la Niñez (2018), se han realizado importantes esfuerzos para mejorar el acceso a una educación de calidad y por mejorar la cobertura de salud infantil, esfuerzos que por cierto han incidido en una reducción de la mortalidad infantil y una mejora en los índices de salud en general.

No obstante, la desigualdad socioeconómica sigue siendo un problema significativo en Chile, afectando desproporcionadamente a los niños en áreas rurales y de bajos ingresos, quienes carecen de acceso equitativo a una educación de calidad, salud y servicios básicos. La pobreza infantil limita gravemente su desarrollo y bienestar, restringiendo sus oportunidades futuras. Además, la violencia y el abuso contra los niños, tanto en el hogar como en instituciones, siguen siendo alarmantes. Fortalecer los mecanismos de protección y denuncia, y proporcionar apoyo psicológico y social a las víctimas, es una necesidad urgente.

La inclusión de niños con discapacidades y de minorías étnicas que suelen enfrentar complicados obstáculos para su pleno desarrollo, exigen que se avance en la tarea de garantizar que todos los niños, con independencia de su origen o condición, tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos. Aunque se constatan algunos avances legislativos, la participación de los niños en decisiones que afectan sus vidas sigue siendo limitada. Es fundamental crear espacios donde puedan expresar sus opiniones y ser escuchados en la formulación de políticas públicas. En la salud mental además hay que poner más atención, ya que los recursos y servicios actuales son insuficientes para satisfacer sus necesidades adecuadamente.

Resulta imperioso que la sociedad chilena y el sistema político aborden de manera integral las relaciones que se dan entre niñez y adolescencia con la delincuencia y el narcotráfico. Cada niño que se interna en redes delincuenciales de alguna forma se encuentra arriesgando su integridad, su vida y su futuro, y es deber del Estado implementar las políticas que sean necesarias para abordar este problema.

Evelyn Vicencio Rojas

académica Escuela de Derecho

UNAB Sede Viña del Mar