El director nacional (s) de Conadi hizo un positivo balance de la Ley Lafkenche, destacando cómo compatibiliza distintos usos locales, además de no afectar derechos ya constituidos donde se emplazan los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), su principal mecanismo de acción.

Esta optimista reflexión obvia una consecuencia ineludible: la ley se ha transformado en una traba al desarrollo de las regiones cuya economía depende del uso del borde costero. ¿La razón? Cuando se inicia la tramitación de un ECMPO, toda otra solicitud sobre el espacio reclamado queda suspendida y, a pesar de que la ley señala que no debería pasar más de un año hasta que es decretado, los espacios que llegaron a este punto promediaron casi seis. Además, más de dos años son dedicados a la verificación del uso consuetudinario por parte de Conadi, aún cuando la ley da un mes para este proceso. Como consecuencia, 519 solicitudes de concesión de acuicultura y casi 900 de concesión marítima se encuentran suspendidas por la Ley Lafkenche.

Desde Pivotes consideramos que estos datos deben impulsar un debate de fondo sobre las reformas que la ley requiere. Preferir el statu quo es simplemente dejar bajo la alfombra una problemática que está teniendo fuertes repercusiones para la convivencia y la economía del sur de Chile.

Joaquín Sierpe Subiabre

Economista de Pivotes

La Comisión de Seguridad despachó el proyecto de Inteligencia Económica, permitiendo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) abrir el secreto bancario. ¿Terminará esto con el crimen organizado? Probablemente no. El supuesto de que sin secreto bancario será más fácil seguir el dinero del crimen es al menos engañoso, ya que cada vez que la UAF solicitó el levantamiento judicial, se concedió. Este proyecto de ley pretende eliminar la autorización judicial, lo cual pone en riesgo el derecho a la privacidad, dejándolo en manos de un ente administrativo. Es crucial que nuestros parlamentarios hagan propuestas a la altura y eviten leyes parciales, enfocándose en políticas de Estado que ofrezcan soluciones duraderas. Para ello, deben equilibrar la lucha contra el crimen organizado con la protección de los derechos fundamentales, sin prescindir de la supervisión judicial. La tecnología actual permite combatir el crimen y proteger la información personal de manera eficaz. España, por ejemplo, utiliza sistemas informáticos confidenciales, inteligencia artificial y modelos predictivos para identificar amenazas sin comprometer la privacidad.

Abordar este problema con un enfoque integral y respetuoso de las libertades esenciales es esencial para avanzar hacia un Chile más seguro y justo.

Jorge Gacitúa Muñoz

Abogado

Académico Derecho Constitucional USS