Mirian Mondaca Herrera

Avanzan implacables los días y semanas y, a más de un mes de la desaparición de María Elcira Contreras Mella (85) en Limache, aún no hay certezas sobre el paradero de la adulta mayor o qué pudo haber ocurrido con ella. Se ha rastreado decenas de veces el restorán "Fundo Las Tórtolas" y sus alrededores, incluso llegando hasta otras comunas buscando a través del canal Waddington, pero no hay rastro de ella.

Es por eso que de la hipótesis inicial de un posible accidente, drásticamente su familia ha virado hacia la posibilidad de que haya existido intervención de terceros.

Al tomar en consideración aquello y que, a simple vista, no observan avances significativos en las diligencias investigativas para hallar a la mujer, su familia tomó la decisión de contactar a un abogado penalista de experiencia y, a través de él, poder solicitar nuevas diligencias. Es así como Juan Carlos Manríquez está preparando una querella, la cual será presentada esta semana. Esto ya había sido adelantado a nuestro medio por Carla Hernández, nieta de la desaparecida.

El jurista explicó que "vamos a presentar una acción penal en la cual vamos a pedir que se profundice en algunas diligencias que se han hecho hasta ahora, con apoyo de equipos especializados de nivel nacional, como ECOH, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, que cuenta con equipos y expertos con especificidad (...) Probablemente también vamos a pedir auxilio internacional".

Asimismo, Manríquez dijo que van a dirigir la acción a ciertas circunstancias o condicionantes "que pudieron haber facilitado la sustracción, el extravío, las graves lesiones o el fallecimiento de esta persona, que ya es presumible, atendiendo el tiempo que ha pasado, lo cual es muy triste y grave", añadió. Además van a plantear otras diligencias de carácter técnico científico, que esperan la Fiscalía y PDI puedan llevar adelante.

Consultados al respecto, desde Fiscalía informaron que actualmente las diligencias se mantienen a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Limache de la PDI, en distintos sectores de la comuna, no focalizados en el lugar de extravío.

Además, señalaron que "en caso de presentar la familia de la víctima una querella, esta será agrupada a la investigación vigente y se revisarán las diligencias solicitadas, para poder dar curso a lo que amerite en la causa".

36 días han transcurrido desde que la adulta mayor desapareció desde un restorán en Limache.

Por unanimidad, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el amparo deducido por el defensor local jefe de Quillota, Dagoberto Pastén, contra la resolución del Juzgado de Garantía de Quillota que rechazó la solicitud de suspender el procedimiento conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal y decretó prisión preventiva.

El abogado señaló que el amparado que fue formalizado el 27 de mayo pasado por amenazas en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de Quillota, tiene una discapacidad de 72,50% mental o psíquica y 24,80 sensorial.

Agregó que registra otras causas suspendidas conforme a la norma invocada. "El informe psiquiátrico realizado en 2020, concluyó que presenta una grave alteración de las facultades mentales que afecta sus funciones psíquicas de manera amplia y permanente".

En el fallo de dos páginas, la ministra Silvana Donoso, el ministro suplente Rodrigo Cortes y el abogado integrante Felipe Caballero, resolvieron en el considerando quinto que "además, atendida la pena asignada al delito por el cual se investiga al actor, resulta desproporcionado decretar una medida cautelar gravosa como sería cualquiera privativa de libertad, por lo que, a este respecto se acogerá también el recurso interpuesto, en la forma en que se dirá en lo resolutivo".

Agregan que "de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de amparo interpuesto en favor de B.A.O.H., en contra el Juzgado de Garantía de Quillota, dejando sin efecto la decisión que rechazó la suspensión del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 458 del Código Procesal Penal, solicitada por su defensa, declarándose en cambio, que se hace lugar a la referida suspensión, disponiéndose la inmediata libertad del amparado".