Matías Gatica Lindsay

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, entregó ayer una nueva proyección de cuánto tardaría la reconstrucción de las casas dañadas en la Región de Valparaíso debido a los incendios que afectaron a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana a inicios de mes.

El secretario de Estado dijo a radio ADN que "la situación es dramática. Una cosa es la respuesta inmediata a la emergencia y otra cosa también es lo definitivo (...) Yo me he encontrado con zonas donde no hay casas, las personas están viviendo en una carpa, no tienen dónde comer, comen en el suelo, hay mucho ratón dando vueltas".

En cuanto a la reconstrucción, Montes señaló que esta normalmente tomaría dos años. "Acá el problema mayor que vamos a tener es la pendiente que tienen los suelos (...) Ese un problema bastante complicado para llegar a trabajar ahí. Un año y medio, yo creo que es, no sé si razonable, pero realista. Y estamos trabajando para que eso sea así", señaló.

Por su parte la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, dijo ayer que ya se han instalado 60 viviendas de emergencia en la zona y Senapred sostuvo que se está realizando un catastro para saber dónde y cuándo se pueden construir más de estos inmuebles.

El seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Yanino Riquelme, dijo a radio Bío-Bío que al menos 3 mil viviendas afectadas por las llamas serán demolidas y que una vez terminado ese proceso pasarán ala etapa de instalación de viviendas de emergencia.

Por su parte, vecinos de sectores afectados han denunciado la falta de servicios básicos tras la emergencia y han reportado demoras en la entrega de soluciones.

Sobre ello ayer la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, dijo a T13 Radio que "todas las personas que han sido afectadas van a tener una respuesta" del Gobierno en cuanto a la recuperación de sus viviendas y agregó que "el plan de reconstrucción va a estar presentado la tercera semana de marzo".

La secretaria de Estado dijo que este tiene seis ejes y destacó entre ellos la reactivación productiva para 2.500 personas que perdieron su trabajo.

Una semana después que el exmilitar venezolano Ronald Ojeda fuera secuestrado por cuatro sujetos desde su departamento en la comuna de Independencia, continúan las diligencias para dar con su paradero y encontrar a los responsables, de quienes habría pistas.

Según consignó ayer La Segunda, la PDI habría logrado identificar a dos sospechosos del rapto, quienes serían personas extranjeras que conducían uno de lo vehículos en que fue trasladado Ojeda tras la captura.

Estos habrían sido identificados gracias a las cámaras de seguridad del sector, luego de analizar 10 vehículos que pasaron por la Costanera Norte, entre ellos el auto con patente clonada que fue encontrado en Renca, en el cual habría ido el exteniente.

Dicho medio indicó que habría movimientos sospechosos en Arica, donde podría haber una casa de seguridad de los secuestradores, por lo que se habría reforzado la frontera norte del país.

En tanto, y luego que el medio venezolano "La Razón" esgrimiera la hipótesis de que el convenio que firmó La Moneda en Venezuela habría facilitado el secuestro de Ojeda, ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que a radio Duna que "este convenio no está activo". Anteriormente tildó de "mentira lo indicado por ese medio.

En la tarde de ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, se iba a reunir con representantes de Demócratas y de Chile Vamos para abordar esta situación, que desde la oposición han reiterado que genera un riesgo para la seguridad nacional.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó ayer revocar la medida cautelar de prisión preventiva al representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y al exseremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras, quienes fueron detenidos el 15 de diciembre por su posible responsabilidad en tres delitos de fraude al Fisco en la suscripción de convenios entre el Minvu y dicha ONG.

Tras 75 días en la cárcel y luego de dos apelaciones fallidas realizadas el 22 de diciembre y el 20 de febrero, la corte determinó ayer que ambos exmilitantes de Revolución Democrática investigados por un fraude de $426 millones permanecerán con arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras continúa la investigación, por la que se encuentra también en prisión preventiva la exconcejala de Antofagasta, Paz Fuica (RD).

El fiscal Juan Castro dijo que "en lo que dice relación con la existencia del delito y la calificación jurídica, la Corte de Apelaciones mantuvo el pronunciamiento que tuvo el Tribunal de Garantía, en el sentido que los hechos investigados son constitutivos de delitos de fraude al Fisco".

El abogado de Contreras, Andrés Bustos, dijo que "ha quedado claro que la prisión preventiva es una medida que no se justifica"; y agregó que "son otros organismos encargados de designar y otorgar fondos a fundaciones".