Solo la mención de la palabra "cáncer" despierta una serie de emociones. Quienes valientemente superan esta cruel enfermedad se enfrentan a los desafíos de la recuperación, lidiando con licencias laborales retrasadas o incluso rechazadas, sometiéndose a constantes exámenes con la esperanza de que su situación se convierta solo en un mal recuerdo.
En esta travesía, que apenas logra ser descrita en su complejidad, se suma otro peso: la discriminación que a menudo sufren aquellos que emergen victoriosos de esta ardua batalla. Sin embargo, desde el 13 de febrero, la ley 21.656 ha traído consigo un significativo avance en la protección de los derechos de aquellos que han enfrentado esta patología, que establece el derecho al olvido oncológico, declarando nulas cláusulas, estipulaciones o condiciones discriminatorias destinadas a individuos que hayan experimentado esta enfermedad antes de la fecha de suscripción de un contrato o negocio jurídico. Este derecho se materializa después de cinco años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior.
La normativa prohíbe la solicitud de información oncológica o la obligación de declarar haber padecido cáncer al momento de suscribir contratos jurídicos después del mismo período. De manera significativa, una vez transcurrido este plazo, ningún asegurador podrá considerar la existencia de antecedentes oncológicos para efectos de la contratación del seguro, marcando un hito en la protección de los derechos de quienes han superado esta difícil enfermedad. También, indica que serán nulas las cláusulas de renuncia a este derecho.
Otra normativa legal que busca acompañar en las complejidades que enfrentan las familias en momentos de enfermedad grave, especialmente cuando se trata de hijos menores, es la Ley Sanna, que consiste en un seguro obligatorio para padres y madres trabajadores de niños de 1 hasta menores de 18 años, afectados por enfermedades graves. Esta normativa permite que los progenitores se ausenten justificadamente de su trabajo por un máximo de 90, 60 o 45 días para brindar atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos en situaciones críticas, recibiendo un subsidio que reemplace total o parcialmente su remuneración durante este período.
Evidentemente, celebramos estas normativas que buscan mitigar las barreras y discriminaciones, no obstante, es innegable la necesidad de regular también el oportuno pago de licencias médicas.
Carolina Araya, directora de Derecho, UDLA Concepción