Francisca Palma Schiller

A más de una semana de haberse encendido las alertas por un incendio al interior de un inmueble en Valparaíso utilizado como "casa okupa", la municipalidad porteña entregó novedades.

Es que considerando que el inmueble tenía orden de demolición del año 2017 y que producto de las llamas quedó inhabitable, desde el Consistorial se ha optado por su demolición definitiva, la cual, según declararon, demorará cerca de una semana y será de "manera controlada", es decir, sin utilización de maquinaria.

"Se planificaron los trabajos inmediatos de demolición a través del contrato de suministro de demoliciones que tiene el municipio. Esa demolición se definió hacerla de manera controlada, no con maquinaria, producto del riesgo que significa meter maquinaria en el lugar y se ha estado trabajando para poder demoler en tiempos, primero la planta superior, y al final la planta inferior", informó Christian Órdenes, director de Operaciones.

Y detalló: "Estaremos trabajando cerca de una semana más en esa propiedad, ya que el trabajo manual es más lento porque requiere mayor cuidado por seguridad también de los trabajadores que se encuentran en ese espacio".

¿CATASTRO actual?

Con estos trabajos volvió a surgir la duda sobre cuántos inmuebles tienen orden de demolición en la ciudad y cuántas propiedades se han demolido en el último tiempo.

Solo como dato, fue en octubre recién pasado cuando la municipalidad confirmó que, tras un catastro realizado a nivel comunal, se había contabilizado un total de 200 inmuebles en la ciudad que contaban con orden de demolición decretadas por la dirección de Obras Municipales. De ese total, 30 inmuebles eran considerados como prioritarios.

Pese a lo anterior, para mala noticia de los porteños, los concejales no han podido acceder a un catastro actualizado pese a las solicitudes, por lo que las cifras exactas son una incógnita.

"El Concejo aprobó una cantidad importante de dinero exclusivo para demoliciones estructurales urgentes (aproximadamente 500 millones de pesos), las cuales, si mi memoria no falla, eran ocho estructuras que ponían en riesgo a los transeúntes", comentó el concejal Dante Iturrieta, quien precisó que las autoridades comunales desconocen qué ha ocurrido con esos inmuebles, ya que "no se ha entregado un informe al Concejo con lo ejecutado".

De igual manera, la concejala Marianela Antonucci manifestó haber solicitado al alcalde Jorge Sharp, en agosto del año pasado, los "decretos de demolición originados desde el inicio del periodo alcaldicio hasta la fecha" y, en ese contexto, "referirse expresamente cuáles de estos decretos no se encuentran ejecutados", sin embargo, a la fecha, no ha tenido respuesta alguna.

Al ser consultados sobre el catastro actualizado de las órdenes de demolición, hasta el cierre de esta edición, desde el municipio no respondieron a la solicitud.

200 inmuebles contaban con orden de demolición en octubre recién pasado: 30 eran considerados prioritarios.

Ayer finalizó en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar el juicio en contra de los dos acusados por el asesinato del conductor de aplicación Uber, Pablo Oestreicher Raddatz, quien perdió la vida la noche del 22 de abril de 2023 tras ser atacado con arma blanca por ambos sujetos. El crimen ocurrió en el sector d Glorias Navales, luego de que la víctima fuera apuñalada para robarle su vehículo.

Finalmente el TOP viñamarino, luego de tres jornadas de juicio oral, declaró culpables por el delito de robo con homicidio a ambos sujetos, un joven de 18 años y un adolescente de 16.

La decisión fue tomada de forma unánime por el tribunal y, según detalló la magistrada Andrea Santander, se arribó a esta producto de la unión lógica y sistemática de los hechos, que fueron probados durante el desarrollo del juicio. De esta forma, se desechó la alegación de la defensa del mayor de los acusados, Martín Andrés Pailaqueo Molina, en cuanto a considerarlo cómplice de estos actos. Asimismo, se desestimó la petición de la misma defensa en orden a calificar estos hechos a su respecto como un robo con violencia.

En ese sentido, la jueza Santander detalló que "en la prueba de cargo quedó suficientemente acreditado que ambos sujetos desplegaron sendas acciones que en su conjunto provocaron el deceso de la víctima y que las misma tenían por objeto la apropiación del vehículo que conducía el ofendido el día de estos eventos".

De igual forma, la magistrada indicó que la participación de los acusados en los hechos se acreditó en el juicio principalmente con los dichos de tres testigos civiles y lo expuesto por los funcionarios policiales. Estos últimos, señaló, "realizaron diversas diligencias en razón de estos hechos, aunado a la prueba documental, pericial y las imágenes exhibidas en juicio, de las cuales se desprende que ambos acusados dolosamente, con ocasión del robo del vehículo de propiedad de la víctima le dieron muerte".

La audiencia de comunicación de sentencia quedó programada para el próximo miércoles 10 de enero, a contar de las 13.30 horas.

10 años, en régimen cerrado pide el Ministerio público para el menor de edad y presidio perpetuo simple para Pailaqueo.