La reforma de pensiones del gobierno propone aumentar la solidaridad del régimen actual volviendo a un sistema de reparto parecido al que tuvimos hasta 1981, que algunos piensan que era mejor. Sin embargo, un estudio que realizamos en el Observatorio Perspectivas muestra que ese sistema entregaría una pensión promedio de solo $136 mil a valores actuales, cuando hoy estamos preocupados porque la tasa de reemplazo en Chile es baja con una pensión promedio de $385 mil.

Esto no significa que el sistema chileno no necesite cambios. Los necesita y con urgencia. Pero duele ver que mientras muchos países de Europa introducen elementos de ahorro individual en sus sistemas para irse del reparto que los ha llevado a la quiebra, en Chile estemos avanzando en el camino contrario, con la fantasía de volver al sistema previo a 1981. Ese que tenía una tasa de cotización de 21,1% (hoy tenemos 10%) y que entregaba una pensión mínima al 70% de los jubilados. Ese que exigía 13 años cotizados en promedio y que, de no cumplirse, implicaban una pensión nula. Ese en que ningún independiente podía cotizar, por lo que cerca de un 30% se quedaba fuera. Ese en que el Estado aportaba un 4,3% del PIB, casi 50% más del gasto actual que hace el país en PGU y otros aportes. Ese en que no había heredabilidad o derecho a elegir: uno estaba obligado a cotizar en su "caja" y quedaba atado a ella de por vida. Ese en que no había propiedad, porque todo lo recaudado se repartía al mes siguiente, por lo tanto, tampoco había herencia.

Ese sistema mirado con nostalgia era insuficiente, injusto, excluyente e insostenible. Entonces, ¿por qué sería razonable destinar puntos de la cotización adicional al "seguro solidario"? La experiencia internacional y el sentido común de los chilenos nos invita a rechazar cualquier propuesta en este sentido.

Gabriel Cestau, director Observatorio Perspectivas

Varios colegios chilenos se han sumado a una tendencia, ya manifiesta en otros países, de prohibir los celulares en las aulas de clase. Esto coincide con el último informe PISA de la OCDE, según el cual las distracciones por los móviles y otros dispositivos digitales reducen el aprendizaje. Otro motivo que aluden algunas escuelas es la necesidad de reducir la dependencia a los aparatos y su uso inapropiado, así como mejorar los modales, las habilidades sociales y las relaciones interpersonales.

Dado que podría hacerse una lectura generalizante y extenderse las restricciones a tecnologías muy positivas en la educación, invitamos a llevar a cabo un análisis muy cuidadoso que evalúe las potenciales consecuencias de una medida como la adoptada. También, de lo que podría ser el aspecto más crítico y decisivo: la educación de la atención y el real dominio, con acompañamiento de la comunidad docente y de los padres, de las pantallas como complemento educativo en aquellos casos en que demuestren clara eficacia y superioridad por encima de otras herramientas.

El número, velocidad y complejidad de los desafíos que ya se nos plantean, como la inteligencia artificial, llaman a adoptar enfoques muy reflexivos que no olviden los aspectos críticos de fondo, que no siempre están

asociados a las tecnologías mismas sino a nuestro uso y

competencias.

Fernando Sánchez, gerente general Fundación País Digital