Redacción - La Estrella de Valparaíso

Un total de 11 observaciones efectuó la Contraloría Regional tras el término de una auditoría a las transferencias que realizó el Gobierno Regional de Valparaíso (Gore) a entidades privadas sin fines de lucro a través de asignación directa entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023.

A la vista de estos resultados, el órgano contralor instruyó un procedimiento disciplinario en el Gore de Valparaíso para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en tales hechos, otorgando además un plazo de 60 días para responder a la serie de incumplimientos a las normativas vigentes.

El informe de 57 páginas, emitido el pasado 6 de diciembre, estableció una serie de irregularidades en estas transferencias, como por ejemplo, que entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023, el Gore realizó 53 transferencias a entidades privadas por más de mil millones de pesos, sin concurso público y no se acreditó que la asignación de estos fondos fiscales de manera directa estuviera justificada, considerando que estos deben ser excepciones.

Para el diputado de RN, Andrés Celis, los resultados de esta auditoría representan un "escándalo impresentable" y "un desorden brutal la forma de operar del Gore".

"Es un escándalo impresentable la manera en que el gobierno regional ha utilizado los tratos directos en convenios con organizaciones privadas sin fines de lucro, saltándose descaradamente la normativa que implica que los tratos directos sin concurso público son una excepción y no la regla. Y encima de realizar múltiples transferencias directas por sumas millonarias, tampoco actuó ante las rendiciones pendientes de recursos otorgados, y también incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuentas."

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca precisó que las observaciones que formula Contraloría son de orden administrativo y que responderán cada una de ellas.

"Aquí no hay ningún requerimiento hacia el Ministerio Público a propósito de lo que ha ocurrido en otras reparticiones (...) hoy día nuestras observaciones son de carácter administrativo (...) tienen que ver con la implementación de reglamentos y también con mejoras en los sistemas de seguimiento de la ejecución presupuestaria y ante esas observaciones vamos a dar respuesta a todas y cada una de ellas", precisó Mundaca.

En medio del debate que ha generado el asesinato de un niño de 5 años que fue baleado en Padre Hurtado, el expresidente Sebastián Piñera, apuntó sus dardos hacia el Gobierno por su rol en seguridad. Desde el Ejecutivo le contestaron que llevan a cabo una agenda histórica en esa materia.

El exmandatario dijo ayer que "los indultos que dio el Presidente (Gabriel) Boric fueron un gravísimo error y han tenido gravísimas consecuencias (...) porque fue una muy mala señal hacia el octubrismo y hacia la delincuencia y la violencia, una señal de ambigüedad, de debilidad, de complacencia, que creo que en parte explica la situación dramática que estamos viviendo hoy en materia de delincuencia".

A ello agregó que la primera prioridad de los chilenos es la seguridad y aparentemente no es la primera prioridad y preocupación del Gobierno. "Por eso creo que aquí lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, hacer un verdadero pacto por la seguridad".

A sus dichos la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, contestó que "en hechos tenemos la agenda más histórica en seguridad, y también una gran agenda anticorrupción".

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que "la seguridad no se gobierna con titulares de prensa. La seguridad se gobierna con acciones" y llamó a los alcaldes a enfrentar "la crisis en conjunto".

Pese a que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que este crimen se habría dado en el contexto de un ajuste de cuentas, la abuela del niño asesinado señaló a Canal 13 que el padre del menor, quien supuestamente era el blanco del ataque, "nunca tuvo nada pendiente" con el principal sospechoso, un hombre apodado como "El Lechuga", quien hasta ayer no había sido encontrado.

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, y el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, presentaron ayer una querella criminal contra quienes resulten responsables. Orrego pidió que el Gobierno "escuche a los alcaldes", quienes han pedido que se decrete estado de emergencia en la región, lo que a la fecha ha sido desestimado por el Ejecutivo.