Critican pasividad en desalojo de terrenos tomados en la región
Sitios, en los cuales incluso se proyecta la construcción de viviendas sociales, como en Viña del Mar y San Antonio, se mantienen con órdenes de desalojo hace meses, pero aún no se procede a la desocupación.
Llega diciembre, mes que es sinónimo de reencuentro y encuentro familiar en la intimidad de su hogar. Las festividades de fin de año son el momento propicio para que las familias se reúnan bajo el mismo techo, pero -lamentablemente- no todos tendrán la fortuna de vivir estos momentos bajo uno propio.Y de este escenario cada vez menos inusual dieron cuenta las cifras que arrojó el más reciente "Balance de la Vivienda 2023: Déficit habitacional en Chile y en la Región de Valparaíso".
En el caso de la región, son 102.131 familias las que requieren una vivienda propia con urgencia. De esta inquietante estadística se desprende que el mayor déficit de viviendas se concentra en Valparaíso, con 18.058, pero el segundo lugar lo tiene Viña del Mar, con 17.226 viviendas. Justamente en esta última comuna es donde se encuentra tomado un terreno ubicado en la parte alta de Chorrillos, en el cual se proyecta construir precisamente viviendas sociales, pero que pese a estar con orden de desalojo vigente hace cerca de tres meses, hasta la fecha no se ha concretado su desocupación.
En la misma comuna también se encuentra la toma ubicada en Lajarilla, sector de Reñaca Alto. En el extremo sur de la región, en San Antonio, también existen asentamientos irregulares, como el de cerro La Virgen y Placilla, donde también se contruirán viviendas.
Esta dualidad que ocurre en la región, donde por un lado existe un déficit de viviendas y, por el otro, terrenos en los cuales se podrían construir inmuebles están tomados, ha llevado a que diferentes autoridades de la zona expresen su preocupación por la poca eficacia con la que se ha actuado desde el Estado para dar solución habitacional a quienes lo necesitan. Por el otro, también están quienes acusan pasividad de las autoridades involucradas a la hora de dar cumplimiento a las órdenes de desalojo.
En esa línea, el core Manuel Millones, presidente de la comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional señaló que, a su juicio, el abordaje al conflicto de las tomas y el desalojo de las mismas de parte de las autoridades competentes "es un fracaso".
"Hay que señalar que los fallos judiciales que existen quien debe cumplirlos es la Delegación Presidencial en coordinación con las autoridades policiales y municipales, ademas del Minvu. En nuestra zona no se observa una coordinación o estrategia para hacer frente a la tendencia de los tribunales, es decir hacer respetar la propiedad privada, ya sea esta de un particular o del mismo fisco. Es más, hay varios fallos judiciales que no se cumplen y tampoco han surgido alternativas de solución para esas familias (...)", plantea Millones.
Por su parte, el core Percy Marín, presidente de la comisión de Inversiones del Consejo Regional, remarcó que el grave déficit habitacional se agudiza por la falta de terrenos fiscales para la construcción de viviendas sociales.
"El Estado debe actuar con toda la fuerza de la ley, utilizando incluso la herramienta de la Ley de Usurpaciones, porque no podemos permitir que por un importante número de inescrupulosos y aprovechadores con incluso segundas viviendas, miles de familias se estén viendo perjudicadas en el sueño de la casa propia", agregó, junto con señalar que en el Gobierno Regional estarán disponibles para favorecer a los comités de vivienda y excluirán a aquellos que delinquen con las tomas.
La escasez de terrenos públicos para levantar proyectos de viviendas sociales también fue planteada por la diputada Camila Flores. En ese sentido, la parlamentaria recalcó que "el problema es que no hay terrenos porque terrenos fiscales prácticamente en la región no quedan, por lo tanto, la única fórmula es acceder comprando terrenos de particulares y muchos de estos están tomados y el gobierno no hace nada para poder desalojar estos terrenos, insisto muy por el contrario han puesto más bien trabas para que esta situación se mantenga así".
En tanto, el diputado Luis Cuello, integrante de la comisión de Vivienda de la Cámara, recordó que "el gobierno ya ha comprometido un plan habitacional bien ambicioso para enfrentar el grave déficit de vivienda en la región. Claramente el camino es que el Estado amplíe su capacidad para construir viviendas sociales, como lo está haciendo el Gobierno, pero lo que no se puede naturalizar es la criminalización de las tomas, en la medida que son un síntoma de la misma crisis ya que esas familias también necesitan una solución habitacional".
En tanto, el diputado Andrés Celis dijo entender la necesidad habitacional. Sin embargo, "esta no es excusa para la impune toma de terrenos, menos aún cuando hay quienes siguen los conductos regulares y postulan para lograr tener un hogar digno y muchas veces se encuentran con que dichos lugares han sido usurpados". Asimismo, señaló que "respecto de la falta de soluciones habitacionales para familias que suman más de 10 años esperando por una vivienda, es evidente que el Gobierno debe asumir esta problemática pero no premiando a quienes se toman terrenos, ese no es el camino".
Quien también se refirió a esta problemática fue el diputado Tomás de Rementería: "Es tremendamente necesario que se cumpla, sobretodo en terrenos destinados a la vivienda, que las personas también puedan ser reubicadas en proyectos habitacionales. No se trata de evacuar por evacuar, desalojar por desalojar, sino que es necesario que ese desalojo también cumpla los fines de la vivienda (...)"
Finalmente, el diputado Tomás Lagomarsino puso el acento en otro punto, la pasividad que en ocasiones también existe de los dueños de los terrenos a la hora de buscar el desalojo. "Muchos desalojos de tomas de terreno no se concretan producto de que los dueños de dicho terreno, sea una entidad pública como privada no concretan las diligencias y solicitudes a las entidades respectivas, sea de Fiscalía o del Poder Judicial para que se concreten esos desalojos".
102 mil 131, familias requieren una vivienda en la región, pero varios terrenos donde se construirán están tomados.