Guillermo Ávila Nieves - La Estrella de Valparaíso

Que solo siete de los 15 ascensores de Valparaíso estén operativos a hoy, como manifiestan, les motivó la denuncia.

De allí que la Agrupación de Usuarios y Usuarias de Ascensores (Ascenval), junto a vecinos y vecinas del Gran Valparaíso, se dieran cita ayer en la Plaza de Justicia porteña con un fin: presentar un recurso de protección por la afectación de garantías constitucionales básicas en pro de la ciudadanía. Esto debido a que la mayoría de los funiculares están detenidos o abandonados hace más de una década, dicen.

Desde la agrupación, alegan que los más afectados "son las personas mayores, personas con movilidad reducida y personas de escasos recursos". Además apuntan a que el cese del funcionamiento de los ascensores y la omisión de su regulación, "han sido una situación continúa, indefinida, y de efectos permanentes e irreversibles, que atenta contra el derecho a la integridad física, igualdad ante la ley y el derecho de propiedad".

En Ascenval apelan al Estado, a través del Gobierno Regional, el Municipio de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a hacerse cargo de la continuidad de su servicio.

15 años de espera...

A juicio de César Andrade Valdebenito, presidente de Ascenval, esto se remonta a los años noventa. "Eran 15 eran los ascensores en funcionamiento que transportaban a cerca de cuatro millones de personas al año en los cerros porteños y que debieran operar hoy en día". Reitera que se necesita políticas de recuperación en tiempos razonables. "Llevamos entre 10 a 15 años esperando una restauración. El resultado es que tenemos menos ascensores que 2012".

"Presentamos este recurso de protección porque creemos que se están vulnerando ciertas garantías constitucionales como el derecho a la integridad física y síquica. Cuando solo se puede acceder a un lugar del cerro vía ascensor, y eres un adulto mayor, ocupas calles y veredas en mal estado y que son peligrosas". Y agregó: "Una garantía que se está vulnerando es la igualdad ante la ley: los ascensores que son declarados como medio de transporte del 2015, desde esa fecha, no existe un reglamento de operación y mantención, que es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Transportes dictaminar reglamento de operación, mantención y seguridad".

César Andrade dijo que buscan con este recurso rediseñar la política de recuperación de funiculares. "Si 10 años después de la compra de ascensores, gastaste 14 mil millones de pesos y tienes menos ascensores que antes, esta política no dio resultado". De aquí la causa que busca apoyar a la gente de Lecheros, Larraín, Polanco, Monjas, Mariposas, Florida, Artillería, Villaseca, y ascensores donde solo queda el terreno: Santo Domingo, Las Cañas y Arrayán.

La última información que se tenía sobre el polémico proceso de instalación de detectores de metales al interior del colegio Salesiano de Valparaíso, fue el pasado 26 de octubre, fecha en la que la Tercera Sala de la Corte Suprema falló a favor del establecimiento educacional.

Por otro lado, antes de conocerse aquel dictamen, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya le había dado la razón al recinto un mes antes - en septiembre -, ocasión en la que se acogió un recurso presentado por el colegio, autorizando con ello la instalación de los detectores de metales y además, los eximió del pago de una multa de tres millones de pesos -51 UTM-, dictada en su contra a propósito de un proceso que inició la Superintendencia de Educación.

Pese al contundente respaldo judicial, la polémica regresó a inicios de esta semana, luego de que el gobernador Rodrigo Mundaca expresara su rechazo a esta iniciativa, planteando que la acción "estigmatiza y criminaliza a los estudiantes".

Estigmatiza

No conformes con los dichos de la autoridad regional, desde el establecimiento dieron duras declaraciones. En el comunicado emitido este lunes, rechazaron "categóricamente" las palabras de Mundaca y lamentaron que "la máxima autoridad regional, sin mayor conocimiento y antecedentes, se permita opinar sobre nuestro proyecto educativo".

"Tanto los protocolos como las acciones desarrolladas en el Colegio Salesiano Valparaíso, velan por el adecuado respeto a los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes y favorecen el bien común. Declaraciones como las que él emite, son altamente imprudentes, ya que no se condicen con lo que ocurre en la realidad", reaccionaron desde el establecimiento.

Y arremetieron: "Esperaríamos una tarea colaborativa de la autoridad frente a situaciones que ocurren a diario en los establecimientos y que al parecer él no logra visualizar".

Reiterando sus dichos, Mundaca aseguró que la medida "no responde a una medida pedagógica, formativa, que es lo que debería prevalecer".

"Más allá de que la Corte haya avalado una decisión de esta naturaleza y que haya avalado a las autoridades del colegio, la verdad que en lo particular me parece que es una medida que estigmatiza, una medida que criminaliza a priori a los jóvenes estudiantes del colegio Salesiano. Hoy día la responsabilidad de la seguridad, de combatir la delincuencia, las malas prácticas al interior de nuestras escuelas, es una responsabilidad de todos", reflexionó.