Agencia Efe - Francisca Palma Schiller

Menos de un mes falta para que el proceso de construcción de una Nueva Constitución llegue a su fin a través del acto democrático más valioso de nuestro país: el voto.

Esto porque, luego de que el Consejo Constitucional entregara la propuesta de Carta Magna el pasado 7 de noviembre al Presidente Gabriel Boric, haberse iniciado las franjas electorales (A Favor y En Contra) en los medios de comunicación e incluso comenzar el proceso de entrega del texto a la ciudadanía por parte del Ejecutivo, la recta final está a la vuelta de la esquina y solo queda esperar la llegada del 17 de diciembre para asistir a las urnas.

Así, en esta espera, las opiniones están divididas: mientras algunos hablan de una propuesta más conciliadora que la anterior, otros hablan de un texto con complejidades; por lo mismo, la indecisión es la opción que está prevaleciendo por estos tiempos.

Encuesta

El 53 % de los chilenos aún no ha decidido si votará a favor o en contra de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, reveló ayer un sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP).

La encuesta indicó asimismo que un 30 % de los ciudadanos se inclina por la opción En Contra y un 8% por la opción A Favor del texto, mientras que un 9 % se abstuvo de responder.

La mayoría de quienes aún están indecisos se identifican con una ideología de centro, mientras que un 49 % de quienes rechazan la propuesta se declaran de izquierda, de acuerdo a CEP, que realizó la encuesta a 1.478 personas de 125 barrios del país entre el 24 de septiembre y el 2 de noviembre, con un error muestral del 2,8 %.

Si esta nueva propuesta finalmente se rechaza el 17 de diciembre, seguirá vigente la actual Constitución porque el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ya adelantó que no impulsará un tercer intento.

No obstante, según la encuesta CEP, en el caso de que gane la opción En Contra un 29% dijo preferir que se elija otra asamblea para la elaboración de una nueva propuesta; un 12% optó por la idea de que el Congreso la elabore; un 19% prefiere que el parlamento reforme la Carta Magna vigente; y un 26% optó por que se mantenga la Constitución actual.

"maximalista"

Luis Villavicencio, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, señaló que la actual propuesta constitucional "adolece de similares problemas que el de la Convención, pero con otro sesgo ideológico".

"Es una propuesta maximalista y que no resuelve bien la distribución de tareas entre aquello que debe ser resuelto por el constituyente y por el legislador. Ese error recorre todo el texto. Así es imposible que sea una propuesta que concite un alto nivel de adhesión porque no representa a amplios sectores de la ciudadanía", señaló el académico.

A juicio de Villavicencio, "este defecto estructural se traduce en una sobrerregulación de varios derechos fundamentales relevantes como la educación, salud, libertad de enseñanza y régimen previsional".

Llevando lo anterior a lo práctico, el experto da ejemplos: "Se encuentra mal recepcionado el interés superior del niño, contraviniendo las recomendaciones de los órganos encargados de supervigilar el cumplimento de la Convención sobre derechos del niño. Por otra parte, se regula de manera deficiente la objeción de conciencia como si fuera posible concebirla como un derecho fundamental general. Por otro lado, se resuelve mal el problema de las potestades fiscalizadoras y reguladoras de diferentes órganos estatales que pueden impedir la persecución de la corrupción e irregularidades, impidiendo un control eficaz de conductas abusivas que son las que precisamente, más molestan a los ciudadanos".

En lo positivo, para el profesional destaca que "el punto más meritorio de la propuesta" son ciertas modificaciones al sistema de gobierno que podrían contribuir a evitar la fragmentación política y mejorar la gobernabilidad"; sin embargo, "esos esfuerzos se quedan cortos", ya que "están fuertemente relativizados por normas transitorias".

Pensiones

En cuanto a las pensiones, "el texto no constitucionaliza directamente las AFP, pero sí un sistema que impedirá al legislador discutir sistemas alternativos o distintos a la capitalización individual y la libre elección".

En ese contexto, "no se trata si esos regímenes son mejores o no que otros", sino que esta es "una decisión que debería adoptar el legislador, no el constituyente. Es uno de los ejemplos de una propuesta excesivamente programática que pretende llevar a la Constitución un programa de gobierno. Y ese no es el papel de una Carta Fundamental".

Defensoría de las víctimas

Un punto relevante y novedoso en esta propuesta es defender a las víctimas por sobre los victimarios. ¿De qué trata aquello?, ¿será factible en la realidad?

"La Defensoría de las Víctimas es un órgano que, a primera vista, podría considerarse positivo, ya que tiene como objeto garantizar el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, su configuración queda entregada al legislador y no hay respaldo de que este tipo de órganos que, al final cumplen una función meramente simbólica, contribuyan a una disminución del delito o una mejor persecución penal", aseveró.

Por último, sobre la exención de pago de contribuciones en la vivienda principal, tema que ya ha generado remezón al interior de los municipios, el abogado es claro: "Podemos discutir la pertinencia y justicia de una medida como esta; el punto, otra vez, es que no el constituyente el que debe resolverlo".