Francisca Palma Schiller

Molestos se encuentran parlamentarios de la zona por el caso de Mía Olivares, la lactante que murió esperando, en los momentos más complejos del período invernal, ser trasladada a una cama crítica desde el hospital Claudio Vicuña de San Antonio a causa de su grave estado de salud.

Según explicaron las autoridades, el informe de las auditorías y sumarios realizados no han sido publicados. Por otro lado, detallaron que el documento pone en valor un importante antecedente: el informe final señalaría que sí existió una cama disponible más cercana que la de Arica -en Santiago- y que no se gestionó, ya que el funcionario encargado de esta labor "se habría quedado dormido".

"He tomado conocimiento extraoficial de que las auditorías y el sumario por el lamentable fallecimiento de la lactante Mía en el hospital Claudio Vicuña habrían sido entregados formalmente al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio el día 16 de agosto de este año 2023 y desde entonces, está descansando y durmiendo en el escritorio del director de dicho Servicio", declaró el diputado Tomás Lagomarsino, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara.

Y agregó: "Esto estaría en conocimiento tanto de la ministra de Salud como del subsecretario de Redes Asistenciales que no han movido ni un dedo para que se conozcan los resultados".

De igual forma, el diputado Andrés Celis aseveró que "de ser cierto que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, estaba en conocimiento de la conclusión de este sumario, ella por supuesto tiene que dar un paso al costado", ya que a su juicio, "no se puede proteger la negligencia".

Asimismo, al igual que Celis, el parlamentario Hotuiti Teao también pidió la salida de la jefa de cartera: "Estamos frente a una verdadera operación para ocultar la verdad a la familia y a toda la comunidad. ¿Cómo podemos confiar en las instituciones y en quienes justamente están mandatados para resguardar la integridad del sistema de salud del país, si cuando está en juego la vida de las personas eligen cubrirse las espaldas? La ministra Aguilera no puede excusarse de esta situación", precisó.

Confidencialidad

En respuesta a lo denunciado, desde la dirección del SSVSA expresaron el por qué los resultados no han sido publicados.

"Ninguno de los procedimientos relativos al lamentable fallecimiento de Mía Olivares García (QEPD) son públicos, por aplicación de normas legales expresas, en relación, a la confidencialidad de los datos sensibles y vida privada de las personas", comunicaron.

En esa línea, añadieron que, "hay que aclarar que el sumario administrativo tampoco es público por expresa disposición legal del estatuto administrativo y su estado actual se encuentra en tramitación- el que se prolongará- debido a las solicitudes de los padres de aportar pruebas y participar en dicho procedimiento efectuado a través de sus abogados".

En fallo dividido, por dos votos contra uno, ayer el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar resolvió absolver a P.A.M.M. y C.M.M., una hija y su madre, respectivamente, quienes se encontraban imputadas por el delito de sustracción de menores. Lo anterior, debido a que el 29 de octubre de 2021 ambas sacaron al hijo de 5 años de la primera desde el jardín infantil al cual asistía en el sector de Miraflores, sin la autorización de su padre.

En la audiencia desarrollada este miércoles 15 de noviembre, el magistrado Claudio Correa (redactor), señaló que "los antecedentes presentados por la parte acusadora no permiten acreditar el dolo, requisito fundamental para la configuración del delito. Los antecedentes presentados dan cuenta de acciones desplegadas por las acusadas tendientes a materializar un encuentro entre la madre con el menor. No se aprecia un propósito de sacar al menor de la esfera de resguardo del padre ni de someterlo de forma definitiva a una esfera de cuidado diversa, tampoco se aprecia que el ánimo de las agentes haya sido amagar la libertad del aludido menor. Las carencias descritas impiden al tribunal arribar a una convicción suficiente para justificar el castigo penal que se ha solicitado (...)".

Con esto, además se alzaron las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre la madre del menor, que eran arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. En el caso de C.M.M. no contaba con estas, luego de haber estado antes en prisión preventiva.