Mirian Mondaca Herrera

Anivel nacional, la seguridad es una materia de constante preocupación para la comunidad y la región y particularmente Viña del Mar no es la excepción. De hecho, el tercer Boletín de Seguridad Pública (con resultados del primer semestre de 2023) liberado este lunes 6 de noviembre por la fundación Piensa, da cuenta de que la Ciudad Jardín, junto con Concón y Valparaíso, presentan niveles de DMCS (Delitos de Mayor Connotación Social) sobre la tasa país.

Por otra parte, si se consideran los delitos de mayor gravedad, los homicidios se duplicaron en Viña del Mar en comparación al primer semestre del año anterior, con una tasa actual del 119%. En tanto, el robo de vehículos también tiene allí a una de las comunas con la tasa más alta de la región.

En relación a estos resultados, el director del Observatorio de Seguridad Pública Regional de P!ensa, Eduardo Mundt, plantea que "las comunas costeras de la región son aquellas que presentan mayor cantidad de tasa de delitos de mayor connotación social, lo cual puede estar influenciado por múltiples factores y causas. Una parte de la situación delictual puede explicarse con que estas comunas cuentan con una afluencia significativa de población flotante durante el periodo estival y los fines de semana. Se observa una mayor cantidad de incivilidades y comercio ambulante durante la primera parte del año, para la cual las autoridades diseñan planes de contingencia especiales que año a año ponen en evidencia las necesidades de fortalecer los contingente policiales".

Las cifras que exhibe el boletín son una muestra cuantificable de qué delitos de este tipo se mantienen al alza en la comuna, contribuyendo con ello a aumentar la sensación de inseguridad en la población, por lo cual la inversión en seguridad es un aspecto de suma relevancia. Justamente en ese marco, en la sesión del Concejo Municipal de Viña del Mar, el edil René Lues propuso aumentar los recursos del Fondo de Inversión en Seguridad (FIS).

"El FIS este año 2023 es de $100 millones, lo que representa en el presupuesto municipal menos de un 0.08%, una cifra absolutamente insignificante, a pesar del alto impacto que generan este tipo de proyectos en la comunidad", remarcó.

"En el proceso del año 2023 postularon 75 organizaciones al FIS, 65 de las cuales quedaron admisibles. De estas 65 iniciativas, 60 corresponden a poblaciones de los diversos cerros de la ciudad, un impresionante 92%. El financiamiento de la totalidad de estos proyectos admisibles supone una inversión de $235 millones, pero contamos con un presupuesto acotado de $100 millones, el cual financiaría solo 28 de los 65 proyectos (43%). Por lo tanto, lo que propuse es aumentar en $135 millones adicionales el marco disponible del FIS 2023", agregó Lues.

El concejal Jorge Martínez compartió con Lues que los recursos destinados al FIS son insuficientes y que eso daría cuenta de que la actual administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti no tendría puesto el foco en seguridad en su gestión.

"Originalmente la alcaldesa nos presentó bajar el Fondo de Inversión en Seguridad. Luego de lo que pudimos nosotros como concejales advertir y en base también a nuestras opiniones y críticas, se subieron 13 millones de pesos en este fondo, un poquito más de un 10% se subió, pero igual es insuficiente. 113 millones de pesos no alcanzan para cubrir el total, que son 234 millones de pesos", recalcó, junto con lamentar que sin financiamiento quedarán iniciativas destinadas a barrios prioritarios, consistentes en cámaras de seguridad, sistemas de vigilancia y luminarias, entre otras.

Por su parte, el concejal Sandro Puebla, dijo que "para el próximo año estamos trabajando en poder aumentar los recursos para inversión pero siempre con bastante responsabilidad".

La Estrella intentó obtener una respuesta desde el municipio viñamarino frente a esta solicitud de aumento de recursos del Fondo de Inversión en Seguridad, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Ayer, en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar, comenzó el juicio contra dos mujeres de nacionalidad colombiana (P.M.M. y C.M.M., hija y madre), por el delito de sustracción de menores. Esta causa se remonta al 2021, cuando el 29 de octubre el niño de entonces cinco años, hijo de la primera ciudadana extranjera, fue sacado por la segunda de ellas desde el jardín infantil al cual asistía en el sector de Miraflores, sin la autorización del padre del pequeño, un ciudadano chileno que posee su custodia definitiva.

Este jueves el juicio comenzó con los alegatos de apertura, jornada en la cual -entre otras personas- declararon las dos imputadas. Se estima que el juicio tenga una duración de cinco días.

Tras el inicio del juicio, Luis Olaf Christiansen, recordó los complejos momentos vividos tras la desaparición de su hijo desde el jardín infantil y el difícil camino para procurar que esté en buenas condiciones.

Junto con asegurar que en 2018 se trajo a su hijo desde Colombia luego que su expareja y madre del menor le señalara que lo entregaría a Bienestar Familiar o que buscaría un matrimonio para entregarlo, Christiansen sostiene que luego de encontrarlo tras su desaparición "me lo devolvieron con un comportamiento súper agresivo y ha estado con psicólogo desde que lo recuperamos".