Redacción - La Estrella de Valparaíso

Hasta la Contraloría Regional en Valparaíso y acompañada de su equipo jurídico llegó este lunes la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán para solicitar al ente contralor un pronunciamiento sobre la legalidad del convenio firmado entre el municipio y la Fundación Daya el año 2016.

De acuerdo con las revisiones y antecedentes que maneja la actual administración comunal, el citado convenio, de fecha 12 de mayo de 2016 durante la admnistración del entonces alcalde Mauricio Viñambres, apuntaba a la implementación del programa de uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos, epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico que registraran residencia en la comuna.

En agosto de ese mismo año se aprueba el convenio y en septiembre se da luz verde a una subvención por $35.285.500. Sin embargo, al efectuarse la rendición del dinero en 2017, se determinó que solo $14.440.460 se ajustaron a la finalidad del proyecto, objetándose el monto de $20.845.040, por corresponder a gastos efectuados con anterioridad a la fecha del acuerdo del Concejo y a la entrega de la subvención.

Debido a que estas irregularidades en la rendición de platas se repitieron años posteriores, en 2021 el municipio reiteró que debía corregirse o reintegrar los $20 millones en cuestión, solicitud que a la fecha no ha sucedido.

"Este convenio se inició en 2016 y en 2017 se ejecuta la primera rendición. Ahí se pesquisa que de esos $20 millones hubo rendiciones previas al convenio. Hoy se quiere esclarecer cómo se revisó eso y si hay claridades de que el municipio fue rechazando estas rendiciones, pidiéndole a la fundación que rectificara la información, y como eso no sucedió se pide el reintegro de los dineros", explicó la jefa comunal.

Pero no solo lo referido a la subvención inquieta a la alcaldesa Melipillán, también lo que la actual administración califica como la "arista de salud" del convenio dado que este además contemplaba la venta y distribución de un medicamento elaborado a base de cannabis.

Para lo anterior, en junio de 2019 se celebró un convenio de colaboración entre el municipio, la Corporación Municipal de Quilpué y Knop Laboratorios S.A., en el cual se establecía que la municipalidad celebraba un acuerdo con Fundación Daya para implementar acciones para el uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria, y en este segundo convenio se acuerda el procedimiento para que Cannabiol® Solución Oleosa, fuese distribuido a través de los mecanismos establecidos. Sería obligación de Knop Laboratorios elaborar el medicamento, y de la Corporación Municipal distribuirlo.

No obstante, en aquella fecha comenzaron los trámites necesarios con el ISP para solicitar autorización para su distribución, y recién en marzo de 2021 informaron que sería posible, tras la entrega de material vegetal a Knop Laboratorios por parte de la fundación, a pesar de que el segundo convenio estipulaba una duración de 18 meses desde la firma del mismo.

"El convenio tenía por objetivo producir el medicamento Cannabiol, que sería entregado a pacientes de la municipalidad, y a generar educación en torno al tratamiento cannábico en colaboración con la CMQ, quienes capacitarían a médicos que recetarían este medicamento. Ese es otro punto a esclarecer, si es que se realizó efectivamente la entrega del medicamento o no, ya que recordemos que sucedió durante la administración anterior", planteó la alcaldesa al tiempo que precisó que en el traspaso de la administración pasada a la actual, este convenio no fue informado.

La última vez que la fundación tomó contacto con el municipio fue en marzo de 2022 para reiterar la consulta de firmar un anexo del convenio firmado y subsanar las irregularidades. Desde abril de 2023 se aseguró que no se ha podido restablecer contacto con la fundación para efectos de dar continuidad del convenio ni de reintegrar de los fondos.

Tranquilo y confiado en que Contraloría requiera los antecedentes que asegura, proporcionaron en su momento a la administración comunal liderada por el excalde Mauricio Viñambres, se manifestó el director de Fundación Daya, Nicolás Dormal.

Para el representante de la fundación, resulta correcto que la alcaldesa Valeria Melipillán acuda al ente contralor pues se trató de un convenio en un período anterior al suyo.

"Yo fui a la municipalidad, les conté en detalle todo lo que había pasado, los reveses que ha tenido el proyecto también. Afortunadamente sí resultó en cuatro municipios del país que hicieron lo que tenían que hacer (...)", explicó Dormal quien asegura que cada peso que se destinó al proyecto está justificado.

El director de Daya asegura que ellos mismos solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría General de la República antes de iniciar este proyecto, fundamentalmente en orden a los gastos previos a la aprobación de los convenios con los municipios dado que el proyecto debía partir de manera simultánea en varios municipios.

"No solo se puede demostrar que los gastos efectuados con anterioridad a la firma del convenio fueron destinados al proyecto y solo pudo haber sido exitoso gracias a eso sino que además está el cronograma como anexo en el convenio firmado (...) Nosotros estamos super tranquilos (...) Ojala que Contraloría nos requiera esa información", afirmó el director de Daya.