Leo Riquelme

En víspera de su reunión de hoy con el líder Xi Jinping, el Presidente Gabriel Boric anunció en China un acuerdo con la empresa local Tsingshan para que invierta 233 millones de dólares en la construcción de una planta para producir baterías de litio en Mejillones, en la Región de Antofagasta.

"No nos vamos a limitar solamente a la extracción, sino que vamos a crear cadenas de valor y hacer además transferencia de conocimiento, porque uno de los compromisos que han hecho desde la empresa es generar programas de intercambio para que profesionales chilenos puedan viajar a China y formarse también en el desarrollo de esta industria", dijo en Beijing el mandatario.

"Así que vamos a estar avanzando en la Estrategia Nacional del Litio con inversiones como estas con las cuales estamos muy contentos", agregó.

Tsingshan tiene una valoración de mercado de 28 mil millones de dólares y cuenta con 56 mil empleados, lo que lo convierte en el grupo privado número 18 de China y en el 80 entre los estatales.

El proyecto es que su planta genere cerca de 700 empleos en la región de Antofagasta y opere a partir de 2025, según explicó el ministro de Economía, Nicolás Grau. Para ello utilizará una parte de la cuota que produce SQM, y que es licitada a través de Corfo. El restante del insumo provendrá de explotaciones de Argentina.

El Presidente Boric aseguró a empresarios chinos que tanto ellos como los chilenos tienen "un sinfín de oportunidades" de negocios. "Chile es un país serio, confiable, con mirada de largo plazo y donde pueden tener la certeza de que las reglas del juego se respetan", les garantizó.

Como parte de la delegación, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, dijo que los privados asiáticos se han mostrado muy interesados en las posibilidades que ofrece Chile en materias energéticas y lo comparan con los países vecinos. Sin embargo, añadió que expresan preocupaciones por la seguridad, la certeza jurídica y la competitividad tributaria.

El contralor Jorge Bermúdez concurrió ayer a la comisión parlamentaria que investiga los convenios irregulares, donde expresó que por principio general el jefe de los asesores de La Moneda y exjefe de la Subdere sí debe rendir cuentas y asistir a esta instancia, a lo que él se ha negado aduciendo que no está obligado por tratarse de un empleado a honorarios, lo que no lo haría un funcionario público.

Sostuvo que "uno tiene que atender a la función más que a la denominación", pues de lo contrario "sería muy fácil evadir los mecanismos de control". "Cualquier persona, en un estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuenta", dijo, afirmando que le enviará a Crispi un oficio "para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control".

La vocera (s) de Gobierno, Jeannette Jara, dijo que el Ejecutivo estaba "plenamente disponible" a responder las consultas y agregó que en 2015 una jefa de gabinete fue citada a declarar en una comisión, lo que no hizo amparándose en el criterio de Crispi.

A ello el ministro de Justicia, Luis Cordero, sumó que "existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el Congreso, que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto"; y advirtió que cambiarlo afectará cualquier régimen futuro.

El Consejo Constitucional inició ayer el debate y votación de las más de 200 observaciones aprobadas por la Comisión Experta al borrador que habían aprobado sus integrantes. Durante la mañana los consejeros dedicaron la sesión a debatir sobre la conveniencia o no de respaldar el texto que será sometido a plebiscito en diciembre, así como de reprocharse mutuamente entre oficialismo y oposición las dificultades que tuvieron para llegar a acuerdos, en una instancia en que los integrantes del Partido Republicano y del conglomerado Chile Vamos tenían el quórum suficiente como para aprobar los artículos y las enmiendas sin apoyo del bloque del frente. Al cierre de esta edición seguían votando.

El Ministerio de Hacienda anunció la tramitación de un proyecto de ley que busca favorecer a la clase media con un beneficio tributario para la adquisición de la primera vivienda. El ministro Mario Marcel indicó que le permitirá al contribuyente descontar hasta un millón de pesos anuales por cinco años de la declaración de renta a partir del impuesto global complementario. La cartera ejemplificó que si una pareja complementa ingresos para comprar una por UF2.400, la de mayores ingresos, con renta de $1,9 millones, hubiera pagado casi $600.000 al año de impuestos si no hubiera adquirido la vivienda. Con el beneficio propuesto obtendría un crédito tributario de un millón y a la base imponible se le descuenta el equivalente al gasto en intereses del crédito hipotecario, que implicaría una reducción de impuestos de casi $300.000. Así, la persona obtiene una devolución anual de $700.000 por cinco años.