Leo Riquelme

La Audiencia Nacional española investigará la muerte de una joven hispano-israelí y la desaparición de un ciudadano vasco y de su esposa, la chilena Loren Garcovich, tras los ataques de Hamás en Israel.

La magistrada María Tardón acordó investigar las desapariciones al considerar que los hechos podrían encuadrarse en un supuesto delito de terrorismo y que corresponde a la jurisdicción española investigarlos, al existir dos víctimas con esta nacionalidad y un familiar de primer grado de una de ellas, que es el caso de Garcovich.

Loren y su esposo Iván Illarramendi Saizar, de 46 años, vivían en un kibutz a dos kilómetros de la Franja de Gaza. El padre de la chilena confía en que ambos se encuentren con vida, que están secuestrados y que son usados como escudos humanos por parte de la organización terrorista.

La jueza adoptó esta decisión tras recibir un informe de la Jefatura del Servicio de Información de Madrid, que dio cuenta de las acciones terroristas del 7 y 8 de octubre y de la desaparición de los ciudadanos españoles en zona de conflicto.

El canciller chileno Alberto van Klaveren dijo ayer en radio Duna que se trata de "una situación extremadamente delicada, no estamos informados respecto al avance de posibles conversaciones que se puedan realizar entre quienes son responsables del secuestro y alguna otra entidad".

Asimismo, mostrando también su preocupación, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, exigió la liberación de Loren Garcovich y habló, sin tapujos, de un secuestro.

Así lo sostuvo en el marco de la 65° reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe (Cepal).

"Hoy concentro mi atención en la situación de Loren Garcovich, mujer chilena secuestrada por Hamas, cuya liberación exigimos", indicó la jefa de cartera.

Aunque las partes aludidas aseguraban que no habían recibido la convocatoria, el Gobierno ayer le restó dramatismo a la supuesta citación a declarar en calidad de imputados por los convenios presuntamente irregulares al exministro Giorgio Jackson; al jefe de los asesores de La Moneda, Miguel Crispi; y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, todos de RD, por eventuales irregularidades en la fiscalización.

"Es parte del procedimiento cuando hay querellantes, en este caso del Partido Republicano, contra personas individuales. Entonces, si sucediera, no sería ninguna sorpresa", dijo la vocera Camila Vallejo.

"Aquí un partido decidió responsabilizar personalmente a tres individuos de un partido político, que es Revolución Democrática, en el caso Convenios, apuntando políticamente a ellos. Y la justicia, cuando se ingresa una querella de este tipo, lo que corresponde es que en algún momento los cite a declarar en calidad de imputados porque son imputados como posibles infractores de ley por parte del Partido Republicano", agregó.

En representación de la bancada de Republicano, el diputado Stephan Schubert criticó a la ministra acusando "doble discurso" al hablar de búsqueda de "probidad total" y "caiga quien caiga", pero alegar ahora una supuesta "persecución política".

Luego de que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso rechazara la denuncia interpuesta contra el alcalde Jorge Sharp por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa en marzo pasado, a propósito de una acusación presentada en noviembre del año 2022 por exconcejales, el paso siguiente era llegar hasta el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) .

Lo anterior porque tras la primera negativa, el Tricel tendría que resolver la solicitud de remoción del alcalde porteño, luego de que los concejales requirientes apelaran de la sentencia dictada por el TER.

De esta manera, este martes 10 de octubre, el Tribunal entregó novedades.

"Califico que esta causa quedó en estado de acuerdo ante los señores ministros del Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones", dicta el documento al que pudo acceder este medio de comunicación.

En ese contexto, si comparamos el proceso con casos similares, como por ejemplo, el de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, la decisión fue informada dos semanas después de declararse el "estado de acuerdo", plazo que se espera sea similar para la Ciudad Puerto.

Pese a los esfuerzos por conseguir declaraciones de la municipalidad porteña, desde la administración comunal declinaron referirse al respecto.