La apuesta por la desalinización como respuesta a la crisis hídrica
En medio de la sequía, la tecnología desalinizadora emerge como una prometedora respuesta para garantizar el suministro de agua en el futuro. En la Región de Valparaíso, la desaladora Aconcagua producirá agua potabilizable.
Mauricio Toledo - La EStrella de Valparaíso
Ante la actual crisis hídrica que enfrentamos, las proyecciones de utilizar las reservas de aguas continentales resultan ser desfavorales considerando las condiciones climáticas extremas que hemos vivido en nuestra región, acostumbrándonos poco a poco a los desbordes de riveras y profundos socavones de suelo.
No obstante, frente a esta preocupante emergencia climatológica, la tecnología innovadora ha puesto foco en el aprovechamiento del mar como la solución tangible, sostenible y de bajo impacto ambiental, donde a través de plantas desalinizadoras, las actividades humanas podrían solventar la extrema necesidad de nuestra mayor y más importante fuente vital: el agua.
Actualmente, son 31 las plantas de este tipo que están inscritas en los registros nacionales, tanto en funcionamiento como en etapa de proyecto, las que llegarían a un abastecimiento de 25.000 litros por segundo si llegaran a materializarse entre este y el año 2028.
En esas planificaciones, la desaladora Aconcagua, a cargo de la empresa Aguas Pacífico, se erigirá en nuestra región ubicando sus captaciones en la comuna de Puchuncaví, generando 1.000 litros de agua desalinizada por segundo destinada al consumo humano, uso industrial y agrícola.
Los beneficios que traerían las instalaciones de Aguas Pacífico no estarían sujetos a pruebas, ya que en la Región de Atacama, en la comuna de Caldera, la planta desaladora Nueva Atacama, primera en producir agua potable a partir de agua de mar en Chile, deja en manifiesto cómo abordar la crisis hídrica con principios ecológicos.
Sergio Fuentes, gerente regional de la planta Nueva Atacama, galardonada como la industria sostenible más destacada del año en la Cumbre del Agua 2022, explicó en terreno la capacidad para proporcionar agua potable a las comunas de Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla y Copiapó, donde a través de financiamiento y construcción por el Estado, garantiza un suministro de agua de calidad durante las próximas cuatro décadas.
Lo que más destaca de esta planta, es que funciona enteramente con energía eólica y fotovoltaica, lo que ha resultado en una notable reducción de las emisiones de dióxido de carbono, reemplazando hasta 2.500 toneladas al año. Además, todas las obras marinas se llevaron a cabo mediante microtunelación, minimizando así el impacto ambiental y respetando las condiciones del mar.
El proyecto Aconcagua, que involucra la creación de un acueducto de 105 kilómetros entre Puchuncaví-San Isidro-Quilapilún, atravesará tanto áreas urbanas como rurales mediante sistemas de saneamiento instalados en la cordillera de la costa, evitando intervenciones en la Reserva Nacional La Campana y abasteciendo la demanda de agua para la actividad minera en Quilapilún.
Sin embargo, y a diferencia de la planta Nueva Atacama, la planta Aconcagua no producirá agua potable, sino agua potabilizable en pos de ser ofrecida al mercado de procesos de tratamiento a cargo de Sanitarias, podrían añadir las dosis necesarias de fluor y cloro para hacerla apta para el consumo humano directamente del grifo.
El proceso de tratamiento de aguas en la desaladora Aconcagua incluye ultrafiltración y osmosis inversa, produciendo un flujo continuo de agua desalinizada y salmuera, que se devuelve al mar de manera cuidadosa, preservando el equilibrio de la flora y fauna marina.
La instalación de esta planta desaladora en la bahía de Quintero, ha sido el epicentro de un prolongado conflicto entre la empresa Aguas Pacífico y los trabajadores de la zona. Durante cinco meses las tensiones se mantuvieron en niveles álgidos en esta zona reconocida por la comunidad como "zona de sacrificio".
Durante el conflicto,el sindicato de pescadores bloqueó el acceso al sitio, generando disputas legales y acusando a la empresa de iniciar obras sin cumplir requisitos de concesión marítima, mientras la empresa alegaba tener un permiso ambiental válido desde 2018. Finalmente, ambas partes renunciaron a la vía judicial y se concretó un pacto que compromete inversiones de la empresa por US$ 2 millones en dos años para construir una planta de procesamiento de jibia, beneficiando a 420 pescadores históricamente afectados por la contaminación, convirtiéndolos en actores de una industria limpia, ya sea como cooperativa o accionistas.
A pesar de los esfuerzos de establecer comunicación con la Federación de pescadores Artesanales de Quintero Bahía Narau para obtener sus apreciaciones sobre la puesta en marcha de la planta, no obtuvimos respuesta.