Guillermo Ávila Nieves - La Estrella de Valparaíso

La cifra invita a meditar: más de 4 mil 500 millones de pesos adeudados por 14 mil 585 personas (627 mujeres y 13.958 hombres) son los que se registran por concepto de pensiones de alimentos al 30 de junio del año en curso en la Región de Valparaíso, deudas que afectan a 19 mil 655 niños, niñas y adolescentes.

Así lo dieron a conocer las seremis de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo, y de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Lazo Molina, durante el desarrollo del seminario "Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo Pensiones de Alimentos, y Registro Nacional de Deudores", organizado por ambas instituciones, que convocó a más de 150 funcionarios y funcionarias en el auditorio Facultad de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paula Gutiérrez Huenchuleo, dijo: "Parte de los objetivos que tiene esta labor es que funcionarias y funcionarios públicos sean capaces de transmitir esta información a las personas de manera fidedigna y clara pero, internamente, dentro de los organismos del sector público donde están invisibilizados".

Leyes apuntan a pago

Agregó que estas leyes (Responsabilidad Parental y Pago Efectivo Pensiones de Alimentos y Registro Nacional de Deudores) apuntan a que se cumpla efectivamente el pago, que el Estado se haga cargo reteniendo las deudas, en algunos casos, y en otros impidiéndole al deudor o deudora realizar algún trámite como la renovación de la licencia de conducir o del pasaporte.

Agregó que estas leyes apuntan a que se cumpla efectivamente el pago, que el Estado se haga cargo reteniendo las deudas, en algunos casos, y en otros impidiéndole al deudor o deudora que pueda realizar algún trámite, por ejemplo, la renovación de la licencia de conducir o del pasaporte.

En tanto, Camila Lazo Molina, seremi de la Mujer y la Equidad de Género se refirió a la importancia de la implementación y entrada en vigencia de las leyes. "Ambas hoy en día forman parte de una misma institucionalidad que busca que el Estado se haga parte y cargo de cautelar que, efectivamente, llegue el dinero a los hijos e hijas", dijo Lazo.

Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se acaba de realizar un nuevo balance sobre el plan Calles in Violencia, el cual ya cumple cuatro meses. En la zona, son cuatro las comunas incluidas en esta iniciativa: Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Cartagena.

Entre los resultados informados se cuenta que, hasta el 13 de agosto, Carabineros y la PDI lograron la detención de 2.294 prófugos de la justicia o con órdenes de detención pendientes.

A este trabajo, detalló la delegada Sofía González, se suma el aumento de patrullaje y presencia policial. Este "ha permitido realizar 21.117 controles y fiscalizaciones, correspondientes al 9% del total nacional, los cuales dieron como resultado la detención de 626 personas", dijo. Esta última cifra corresponde al 15% del total nacional.

En este tiempo, además, se han fiscalizado 916 armas, además, 96 armas y 6.241 municiones han sido entregadas voluntariamente, informaron ambas policías.

Luego de manifestarse al interior del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) el pasado 8 de agosto, los funcionarios de la red volvieron a movilizarse la mañana de este lunes, jornada en la que no solo demostraron su malestar por las situaciones de abuso que han ocurrido dentro del servicio, sino también por compromisos incumplidos, según denuncian.

De acuerdo a lo explicado por Valentina Alvarado, presidenta de la Fenats Base Histórica de la dirección del SSVQ, la directora de la red, Andrea Quiero, estaría no solo haciendo "oídos sordos" a las denuncias de acoso, sino también desconociendo un acuerdo en materia de vivienda.

"Hace dos meses le entregamos a la directora- una carta porque hay un programa de vivienda para empleados públicos. Ella había dado dos terrenos, situación que había sido informada al Minvu y ahora ella lo desconoce: hay 150 funcionarios inscritos en el Serviu y estarían viendo vulnerado este derecho", explicó la dirigente.

En medio de estas demandas, Alvarado no descarta que en los próximos días se genere una paralización.

Desde el SSVQ reafirmaron "su compromiso con la transparencia e integridad institucional". Además, ante la solicitud actual, "reiteramos nuestra decidida misión de abordar las preocupaciones expresadas sobre los derechos fundamentales de nuestros trabajadores".