Francisca Palma Schiller

Este miércoles fue, quizás, uno de los días más oscuros para la gestión del gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, autoridad que se vio visiblemente molesta en su asistencia al Congreso de Descentralización realizado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, luego de que militantes e integrantes de la UDI interpusieran una querella por presuntas irregularidades en los millonarios convenios del Gore con la ONG Fiscalía del medio Ambiente (FIMA) y la Fundación Terram.

Aludiendo a sus competencias, como también defendiendo el trabajo de ambas organizaciones, el cual irá "en beneficio directo de más de 5 mil personas", el gobernador aseguró estar disponible a entregar toda la información necesaria en el caso de que la Fiscalía así lo estime conveniente.

Mundaca arremetió contra el partido político que lo puso en la palestra: "Estamos hablando de una organización que sabe perfectamente bien lo que significa defraudar la fe pública", declaró.

"En lo particular, la ley de Presupuestos habilita a los gobernadores o gobernadoras, a partir del subtítulo 33, a realizar transferencias de recursos a organizaciones sociales sin fines de lucro y a organizaciones también públicas -sin votación de los Cores-. Además, señalar de que la ley 19.175, orgánica, referida a los gobernadores regionales, en el literal letra D, nos faculta a nosotros para preservar, proteger y conservar el medio ambiente y por tanto, estos programas que están siendo hoy día cuestionados por la UDI responden efectivamente a nuestro programa de gobierno regional", defendió.

RECURSOS fundados

Con el fin de sustentar la inyección de recursos a estas fundaciones, Mundaca aseguró que la región "tiene la mayor cantidad de conflictos socio ambientales del país", por lo que los programas resultan claves para "disminuir el sufrimiento ambiental" que posee el territorio.

"Esta acción judicial lo que busca es enlodar la gestión del gobierno regional que encabezo, inhibir precisamente las prerrogativas que tenemos los gobernadores electos democráticamente de poner a disposición de nuestras comunidades recursos para precisamente disminuir el sufrimiento ambiental y poner en la centralidad la protección y el cuidado del medioambiente", aclaró.

Confirmando sus competencias, la consejera regional, Laura Acosta, indicó que "dentro de las facultades que tiene el gobernador es el traspaso de fondos a su discreción a programas que tengan un costo menor a 7 mil UTM, montos que no requieren aprobación del consejo regional, por lo que solo nos informan de su existencia posterior a la determinación del gobernador, no así en otras materias".

Misma aclaración que manifestó la core Nataly Campusano, quien catalogó de "legítima" la investigación que intenta llevar adelante la UDI.

"Lo que ha hecho el gobernador no está fuera de la ley, es más, la ley de traspasos y competencias que formula a los gobiernos regionales, permite que los gobernadores tengan esta facultad unipersonal para poder, en ese caso, designar recursos en materia de la estrategia de desarrollo regional, como medioambiental", desmitificó.

"dudas razonables"

Horas antes de la oleada de reacciones, la querella presentada por delitos de malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y, eventualmente negociación incompatible, era ingresada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, el diputado Juan Antonio Coloma y el abogado Pablo Toloza, quienes, sin desconocer la importancia de la materia medioambiental, cuestionaron los millonarios tratos: nada menos que 800 millones de pesos.

"Nosotros creemos que acá hay una arquitectura que se estableció para defraudar y malversar al Estado de Chile y queremos saber si efectivamente en el caso de la V región es así", indicó el abogado Toloza, quien habló, a modo general, de lo que está sucediendo a nivel nacional.

Sobre qué elementos puntuales de los convenios levantarían sospechas, el profesional habló de dos puntos que ampararían la presentación de la querella.

"Los convenios tienen dos fundamentos. Uno que apunta a que es para personas vulnerables y en riesgo social y estos son convenios, en el caso de Fima, para los municipios; los municipios no son personas vulnerables, ni están en riesgo social. El segundo problema aduce a un artículo de la ley orgánica de gobiernos regionales que es la promoción y fomento a la inversión e innovación: ¿Alguien puede establecer que capacitar a municipios en justicia ambiental es innovación, es fomento a la producción? Absolutamente no", respondió Toloza.

Por último, también presente en el Juzgado de Garantía, el exconcejal y militante UDI, Jaime Varas, reveló que las dudas levantadas por este caso puntual "son razonables".

"Surgen dudas razonables respecto al correcto uso de los recursos (…). Un proyecto de formación ciudadana o de justicia ambiental puede ser muy útil, pero, por ningún lado, puede costarle 800 millones a la región y en tiempos en que se habla de la descentralización, que se piden nuevos recursos, de un aumento del 33% para la ley de presupuestos 2024, lo primero que tiene que ocurrir es que los recursos se ejecuten correctamente", reflexionó el también abogado.

$800 millones habrían sido traspasados directamente a dos entidades privadas: FIMA y Fundación Terram.