Fiscalía investiga a 32 fundaciones por convenios en 11 regiones
En su mayoría afectan a GOREs e involucran a instituciones que tienen "formación muy reciente, creadas al amparo de una ley menos exigente".
Leo Riquelme
El Ministerio Público se encuentra investigando a 32 fundaciones con convenios supuestamente irregulares en once regiones, según reportó ayer la institución, que sostuvo un encuentro con los equipos operativos que participan en las diligencias.
Las regiones con indagatorias son Arica y Parinacota, Atacama, Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que la reunión buscaba "unificar criterios" para que las investigaciones avancen "de manera uniforme", dado el revuelo que se ha generado con las asignaciones directas entregadas por seremis de Vivienda y Desarrollo Social, y especialmente los Gobiernos Regionales.
Por ahora las investigaciones seguirán en manos de los 10 fiscales regionales, número que se explica porque el caso detectado en el Maule, con la fundación Urbanismo Social, lo lleva Antofagasta.
El director de la unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, destacó que la PDI creó un equipo especial que incluye a expertos en asuntos contables y en cibercrimen.
Ante el avance de las causas, Valencia y Campos no quisieron precisar los montos involucrados ni hablar sobre la existencia de un eventual defraudación. Dijeron que por ahora el "abanico (de delitos) indagados es muy amplio" e involucra posibles malversación de fondos públicos, negociación incompatible, fraude al fisco y tráfico de influencias.
El fiscal nacional reiteró que entre las fundaciones hay "ciertos rasgos comunes evidentes", que se refieren en su mayoría a traspasos efectuados por Gobiernos Regionales a fundaciones "casi en tu totalidad de formación muy reciente, creadas al amparo de la ley vigente, que es menos exigente que la ley antigua".
A ello sumó transferencias hechas "mediante contratos que no establecían un conjunto de garantías que generalmente se imponen (...) Por ejemplo, no existieron pagos parcializados (...) y en muchos de esos casos hay un desajuste entre los objetivos de estas instituciones, que en principio son de beneficencia, y la experiencia de quienes forman parte de sus equipos o de sus directivas, con los servicios que se comprometieron a prestar".