Fiscal Nacional confirma nueva indagatoria por "Caso convenios" en Valpo
Angel Valencia precisó que causa se relaciona con denuncia hecha por parlamentarios en contra de la exsubsecretaria de Cultura. Pesquisas serán lideradas por Unidad Regional Anticorrupción.
El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó este lunes la apertura de una nueva investigación en la Región de Valparaíso en torno al "Caso Convenios". La indagatoria tiene su origen en la denuncia que hicieran parlamentarios de RN y que involucran a la ahora exsubsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez.
El jefe nacional del Ministerio Público precisó que, dado que la sede del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se encuentra en esta ciudad, se resuelve la apertura de una causa en esta fiscalía.
"Se ha abierto una nueva causa como consecuencia de la recepción de una denuncia y vamos a seguir trabajando coordinadamente en aquello. En los próximos días tenemos una reunión con los fiscales regionales que lideran las fiscalías regionales en las cuales estas investigaciones se encuentran asiladas", precisó el persecutor tras participar en un punto de prensa a propósito de una numerosa incautación de éxtasis en la región (ver nota en pág. 5).
Valencia adelantó que esta reunión será con los equipos operativos -fiscales y abogados asesores- y que además se espera congregar a un grupo de analistas para "poder ir poniéndonos al día de lo que ocurre en el terreno y seguir homogenizando y compartir criterios comunes".
El fiscal nacional reiteró que el Ministerio Público ha estado trabajando en esto "desde hace varias semanas, nosotros tenemos desde hace mucho rato claro que el problema es grave".
Unidad anticorrupción
Por su parte, la fiscal regional Claudia Perivancich puntualizó que la causa a la que se refiere el fiscal nacional dice relación con el "Caso Convenios" y puntualmente con una denuncia recibida la jornada de este lunes desde el nivel central y que fue puesta en conocimiento del Ministerio Público por parte de dos parlamentarios.
"Atendido que la misma dice relación con actuaciones que se habrían verificado en concreto en la subsecretaría de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, y atendido que esa dependencia ministerial tiene sede en Valparaíso, se nos ha remitido para iniciar una investigación de manera que recién estamos tomando conocimiento de ella".
Perivancich acotó que la causa "tiene que ver con contrataciones que se habrían realizado y que, en principio, los propios denunciantes califican como un eventual tráfico de influencias atendida la participación de la subsecretaria en la definición de contrataciones que suponían entregas de proyectos y, por tanto, pagos de dineros a una persona que estaba relacionada personalmente con ella".
La fiscal regional no confirmó ni desmintió que las indagatorias puedan involucrar a Procultura u otras instituciones y adelantó que se trabajará en esas indagatorias con la Unidad Regional Anticorrupción.
Propuestas
El diputado Andrés Longton, uno de los denunciantes en esta arista, manifestó que "esto no se trata de una falta administrativa, como ha querido hacer ver el gobierno, es una ilegalidad. Existe norma expresa que lo prohíbe y constituye una falta grave a la probidad".
Longton añadió que, por lo mismo, pidieron a la subsecretaría todos los convenios de trato directo y, en paralelo, "solicitamos información a la Seremi regional sobre los convenios que se han firmado acá".
El parlamentario precisó que este lunes le presentaron al ministro Elizalde una serie de propuestas que buscan restringir y acotar tratos directos; habilitar mecanismos de control y transparencia para organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro; aumentar los espacios de control por parte de la Contraloría; y establecer inhabilidades para aquellas personas que recibieron recursos públicos y trabajaron en fundaciones, por ejemplo, para que puedan ingresar a la administración del Estado.