Los resultados de la reciente encuesta Casen del año 2022 evidencian una disminución de la pobreza por ingresos respecto de 2020, e incluso de 2017, volviendo a la trayectoria de disminución de la pobreza por ingresos que teníamos como país, lo cual es una muy buena noticia.

En esta disminución jugó un rol preponderante la entrega de subsidios. En efecto, en el primer decil de ingresos, los ingresos del trabajo están aún muy por debajo de los niveles prepandemia, pero los subsidios están en niveles más altos a lo que el país estaba acostumbrado. El efecto de los bonos entregados desde la pandemia en adelante, como el IFE laboral, el subsidio protege, la creación de la PGU entre otros durante el gobierno anterior, así como el aumento del subsidio único familiar o el bono canasta básica en este, han sido clave.

Sin embargo, el gran desafío por delante es cómo potenciamos nuestro mercado laboral, actualmente alicaído, y cómo apoyamos a nuestros trabajadores, sobre todo a los más vulnerables, para insertarse y contribuir de forma exitosa en él. Para así sostener y avanzar en esta disminución de pobreza, no solo en subsidios, sino en las capacidades de tener ingresos autónomos por nuestros trabajadores, no olvidando que la mejor política social es el empleo formal y bien remunerado.

Karla Rubilar

Exministra Desarrollo Social

Una política que proyecte un aumento significativo y ágil en la construcción de viviendas sociales, sin duda, es sinónimo de buenas noticias. Pero el compromiso de lograr 260 mil soluciones para el año 2025, tal como lo plantea el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) impulsado por el actual Gobierno, se ve difícil de cumplir.

Uno de los principales motivos está asociado al modelo que opera entre el Serviu y las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que por sus características, impide la implementación de estrategias consideradas en el PEH como la urbanización a cargo de los Gore, el cooperativismo habitacional de los comités con asistencia técnica desde las universidades, la radicación urbana y la autoconstrucción desde los municipios. Y, justamente, el desafío principal pasa por poner el foco para avanzar hacia una gestión más abierta y diversa.

Como ejemplo, el GORE puede suscribir convenios de programación con el Ministerio de Vivienda a efectos que en el diseño y ejecución de proyectos habitacionales la inversión en urbanización quede a su cargo y de la vivienda propiamente tal sea responsabilidad Minvu.

Esperamos que la amplia cobertura que ha tenido el "caso fundaciones" abra los espacios suficientes para debatir sobre la otra crisis en Vivienda, este déficit habitacional y campamentarización, que genera una gran deuda con miles de chilenas y chilenos que han esperado por años un espacio de habitabilidad para desarrollarse junto a sus familias.

Valentín Volta Valencia

abogado y exintendente