Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

En forma unánime el Tribunal Oral de Viña del Mar condenó a Joaquín Veliz Rubilar por el delito de femicidio frustrado cometido en contra de su expareja, a quien el año pasado intentó matar mediante diversas puñaladas que, según Fiscalía, significaron que "de milagro" la víctima C.M.M. continúe con vida.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 4 de mayo del 2022, cuando -estableció el veredicto-el ahora condenado se encontraba en el domicilio ubicado en una zona de tomas de Lajarilla, lugar en el que mantuvo una discusión con la víctima C.E.M.M. quien es madre de un hijo en común y, al momento de los hechos, era su conviviente.

En ese contexto, "ofuscado, tomó un arma blanca con la cual apuñaló a la víctima en diferentes partes de su cuerpo como cuello, tórax, abdomen y brazo izquierdo, provocándole tres heridas en región cervical izquierda, una herida tóraco abdominal izquierda, dos abdominales, y antebrazo izquierdo, siendo operada de emergencia de carácter grave, en un tiempo inmediato".

De esta manera, el tribunal acogió la tesis presentada por el Ministerio Público, la cual pudo ser acreditada mediante la declaración de la víctima, quien -según expuso el fiscal Pablo López en la apertura del juicio- muchas veces se retractó de denuncias de violencia intrafamiliar que conformaron un largo historial de agresiones.

Para los jueces, el testimonio de la víctima contó con declaraciones que "fueron veraces, pudiendo además ser corroboradas desde distintas aristas", considerando otros tipos de prueba y testimonios, se indicó en el veredicto donde se determinó que el imputado incurrió "en una maniobra agresiva y susceptible de causar la muerte", estando ante la presencia de "dolo homicida".

La pena que se le impondrá a Veliz, quien cuenta con antecedentes como hurto, porte de arma blanca, violencia intrafamiliar, entre otros, será dada a conocer este jueves,

20 años de presidio es lo que está pidiendo la Fiscalía para el sujeto que fue condenado por femicidio frustrado.

El OS9 de Valparaíso se encuentra investigando el baleo que sufrió un hombre de nacionalidad haitiana mientras circulaba junto a su pareja por un sector de tomas de la parte alta de la ciudad puerto.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en la localidad de Placilla, donde la víctima se vio enfrascada en un confuso incidente con dos motoristas.

Según informó el capitán Álvaro Guzmán de la Tercera Comisaría Barón, el afectado "iba caminando con su pareja cuando divisaron a dos sujetos en motocicleta que se encontraban estacionados en el camino obstruyendo el paso peatonal por lo que les solicitaron permiso para pasar", indicó el oficial.

Agregó que en esas circunstancias los motoristas se retiran para luego volver "y efectúan un disparo en la zona del tórax".

Luego del ataque los agresores huyeron del lugar en dirección desconocida mientras que la víctima -de 38 años de edad- fue trasladada hasta el hospital Carlos Van Buren donde fue diagnosticado con lesiones de carácter grave, pero fuera de riesgo vital, según información policial.

De los hechos se le dio cuenta al fiscal de turno del Ministerio Público quien instruyó la concurrencia de personal especializado del OS9 de Carabineros para el esclarecimiento de los hechos.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar declaró admisible la querella presentada por la delegada presidencial, Sofía González, por el delito de robo de material de guerra a propósito del asalto con la sustracción de dos fusiles que el pasado 17 de julio vivieron dos funcionarios de la Armada mientras realizaban guardia en el fundo Las Salinas, colindante con la población Gómez Carreño.

En el libelo, que apunta a todos quienes resulten responsables, se detalla que cuando los marineros se acercaron a fiscalizar a un grupo de cuatro personas que usaban vestimentas oscuras, estos "haciendo caso omiso de ello, procedieron a golpear y a amenazar a los uniformados con un arma de fuego".

Tras los hechos, Carabineros informó que los fusiles robados contaban solo con balas de salva, luego la Armada indicó que poseían munición real y, posteriormente, información policial precisó que sí contaban con munición de guerra, pero en un cargador adosado al cuerpo y no en las armas sustraídas.

En ese contexto, la querella de Gobierno sostiene que "los funcionarios de la Armada de Chile portaban sus armas de servicio cargadas con salvas y no con municiones reales, razón por la cual no contaban con elementos de defensa suficientes para repeler el delito".

"Así entonces, los agresores se abalanzan sobre los funcionarios golpeándoles y amenazándoles con un arma de fuego, logrando arrebatarles los fusiles de servicio, (...) con su respectivo cargador y 10 municiones de salva cada uno".

En consecuencia, la querella fue remitida al Ministerio Público para que la sume a la investigación ya abierta.