Largamente se ha hablado estas semanas del rol de la sociedad civil y/o el actor privado en la implementación de las políticas territoriales mandatadas por el Estado. Respecto a lo mismo, en líneas generales suena razonable que, frente a los alarmantes números mostrados por el Minvu, que cifra en aproximadamente 650.000 viviendas de déficit, es decir, un incremento del déficit del 66% en siete años, se busque unir fuerzas entre todos los actores de nuestra sociedad, tanto actores sociales, públicos y privados, para dar cumplimiento a la demanda de más y mejores viviendas.

Sin embargo, es importante recordar otros indicadores que confluyen al mismo problema, tales como la caída de autorización de superficie construible en un 37%, aumentos en los tiempos de tramitación de los permisos de edificación hasta en 18 meses y congelamientos demasiado recurrentes de planos reguladores comunales, lo cual no hace más que dificultar el camino para que diversos actores, desde su área, busquen ser un aporte a la calidad de vida de los chilenos.

Es por esto que se requiere abordar esta problemática con urgencia, ya que la demora en la ejecución de estos proyectos no solo genera un retraso en la entrega de miles de viviendas y un déficit en la calidad de vida de las ciudades y las personas, sino que también pone en riesgo la viabilidad de las empresas que participan de todo este proceso, sin dejar de mencionar que es un apalancador de la inclusión social, se fomenta el desarrollo económico, la empleabilidad y la inversión en el país.

Patricio Fernández

Greystar Chile

La nueva Política Nacional de Ciberseguridad anunciada en mayo, se encuentra en su fase final de trámite antes de entrar en vigencia. Esta es una actualización de su primera versión, elaborada en 2017, que se basa en los principios de cooperación, innovación y educación, con el principal objetivo proteger los sistemas informáticos y redes del país de los ataques cibernéticos.

Constituye sin duda una urgencia, por cuanto la ciberseguridad es un tema cada vez más relevante debido al crecimiento de las amenazas cibernéticas a nivel global. Por esta razón, se espera que tenga un alcance significativo en varios ámbitos, como por ejemplo el fortalecimiento de la colaboración público-privada, especialmente porque es el sector privado el que posee la mayor parte de la infraestructura crítica. Por otro lado, es importante considerar el fomento de la educación temprana en materia de ciberseguridad, para sensibilizar a las personas respecto de los riesgos asociados al manejo de información digital y cómo mitigarlos.

Otra expectativa importante es que la nueva política mejore el nivel de madurez de la ciberseguridad en el país, favoreciendo el desarrollo de capacidades, la adopción de mejores prácticas y marcos de gestión de riesgos más robustos. Es fundamental que Chile trabaje de manera proactiva en estos ejes y considere expandir su enfoque a medida que evoluciona el panorama de ciberseguridad.

Es por esta razón que todos los actores involucrados debemos promover un cambio cultural en relación con la ciberseguridad, a fin de que las personas y organizaciones comprendan los potenciales riesgos del entorno digital y adopten prácticas preventivas cotidianas. Además, es clave la adaptabilidad ante nuevas amenazas, a fin de que la política pueda adecuarse al cambiante panorama de ciberriesgos.

En este sentido, es claro que la nueva Política Nacional de Ciberseguridad es un paso adelante para Chile, sin olvidar que es un ámbito complejo que requiere de un esfuerzo continuo.

Ignacio Avilés

Ciberseguridad de Orión