Soy médico graduado hace 52 años y la mayor parte de estos años profesionales los he dedicado a la geriatría.

En el último tiempo he visto que para efectuar operaciones económicas se les exige a los mayores de 70 años presentar un certificado de estado mental.

Esta exigencia es arbitraria, abusiva, ofensiva y degradante. La edad no es sinónimo de disminución de capacidad mental y un certificado digital, fácilmente falsificado, puede servir para ocultar el dolo que pudiese haber en una transacción comercial.

Las estafas, robos, apropiaciones indebidas, aprovechamiento de vulnerabilidades se ven en todos los grupos de convivencia humana y frecuentemente en las familias, pero no tienen que ver con la edad, sino con falta de valores y ausencia de principios morales.

El artículo 1447 del Código Civil vigente establece incapacidades legales que no contemplan edad y el artículo 1016 del mismo código, referido a testamentos, establece la circunstancia de "hallarse en su entero juicio", confirmado con testigos. No existe esta norma para otra circunstancia, sin definir claramente estos

términos.

En los años 2021 y 2022 hay resoluciones judiciales que prohíben específicamente a los notarios solicitar estos certificados, a pesar de lo cual lo siguen haciendo, lo que demuestra la falta de respeto por las disposiciones

judiciales.

Como profesional que tiene atribuciones para extender estos certificados me resulta violento, porque si mi paciente no está enfermo se siente menoscabado/a al tener que recurrir a un médico para probarlo. Y, me ha ocurrido, que al confirmar una discapacidad no atribuible a la edad, sino a una enfermedad, he sido presionada para modificar el documento; o lo desechan y buscan otro profesional.

Si se evalúa defender la correcta comprensión de un contrato económico todas las partes deberían declarar que no saben de limitaciones en la voluntad de los participantes, asumiendo las sanciones si no es cierto y no ampararse en certificados que solo pueden dañar a personas mayores. Estos certificados ilegales solo sirven para avalar "irreprochable conducta" del resto de los participantes del negocio. Si la exigencia de este documento tuviera "buenos fines" habría que pedirlo a todos los mayores de 70 años, incluyendo senadores, diputados, expresidentes, presidentes y directores de grandes sociedades, rectores, académicos y un largo etcétera.

Dra. Helia Valencia

Médico geriatra Universidad de Chile

Hace un par de años se anunció que en el edificio donde por años funcionó la PDI en Forestal Bajo se instalaría la Defensoría Penal Pública. La noticia fue motivo de alegría para la comunidad del sector pues el lugar se había convertido en un estacionamiento informal, un vertedero clandestino y lugar de pernoctación de personas en situación de calle. Tras el anuncio limpiaron el sector, instalaron una reja y de ahí nada más se supo. Quienes vivimos en este barrio hemos esperado por años que la plaza y su entorno vuelvan a ser un lugar de encuentro comunitario, que nuestras calles y espacios públicos puedan alguna vez lucir limpios y ordenados. Forestal así como Santa Inés y otros tantos, son barrios antiguos que merecen envejecer con dignidad.

Salvador Espina V.