La UDI se querella por convenio sellado por la delegada Dresdner
Cuestiona acuerdo entre Urbanismo Social y el Minvu y otro para sepultar animales por la gripe aviar con empresa que cambió giro tras cerrar el trato.
Leo Riquelme
Los diputados UDI José Antonio Coloma, Flor Weisse y Sergio Bobadilla presentaron ayer una querella en Concepción para indagar eventuales delitos en convenios suscritos entre el Serviu y la Fundación Urbanismo Social, y otro entre una empresa y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner (RD), a quien el Presidente Gabriel Boric ha defendido de los pedidos de renuncia de la oposición.
El primero se refiere a la organización cuestionada por adjudicarse de manera directa proyectos en Antofagasta y el Maule, y que le costó la salida al seremi Rodrigo Hernández, un militante RD que hasta asumir en abril de 2022 era gerente de la ONG.
El segundo caso apunta a la delegación presidencial por la asignación directa por 145 millones con la empresa Cluster Chile para manejar y sepultar animales muertos por la gripe aviar en la Isla Santa María.
Los diputados indicaron que el convenio se aprobó el 4 de mayo y el 6 de junio la firma amplió su giro a "recogida de desechos peligrosos", que era el fin del contrato. Añadieron que esta era la primera factura que Cluster emitía.
"Cuánto cuesta ganarse un proyecto por uno, dos, tres millones de pesos (...) y acá son fundaciones que fueron creadas este año y que la primera factura que emiten es de 145 millones", dijo Coloma a la salida del Ministerio Público penquista.
El diputado añadió que así como Boric "blindó" hace dos semanas al seremi del Maule y luego le pidió la renuncia al detectar irregularidades, "nosotros creemos que la delegada Dresdner tiene sus días contados".
Los parlamentarios acusaron que existe un "mecanismo" en muchas regiones para crear ONGs y "contratarse entre ellas mismas".
En ese sentido, dijeron que analizarán los antecedentes divulgados por radio Bío-Bío ayer, que apuntan a que la fundación bacheletista Horizonte Ciudadano se adjudicó en 2022 un proyecto por $379 millones contra la violencia infantil.
El administrador regional Rodrigo Martínez dijo que han estado entregando antecedentes de convenios con el GORE a Contraloría y lo harán ante la fiscalía si advierten posibles ilícitos.