Leo Riquelme

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, advirtió que la falta de regulación ha permitido un mal uso de recursos públicos en las transferencias del Estado a fundaciones y corporaciones privadas, como ha sucedido en la Seremi de Vivienda de Antofagasta con Democracia Viva, operación por $426 millones que se acordó entre dos militantes de Revolución Democrática (RD). El caso sumó el martes una arista en el Maule y ayer en Los Lagos.

"Aparentemente, porque esto todavía es un proceso en curso, hay una situación de mal uso de recursos públicos, una situación que eventualmente puede ser de corrupción", declaró ante la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional.

Bermúdez dijo que en este caso y en otros de corporaciones municipales hay "hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción producto de que el Estado ha entregado recursos con poca regulación a entidades de naturaleza privada".

Agregó que estos traspasos ascendían a "cientos de miles de millones de pesos", "que van desde algunas tan prestigiosas como Teletón hasta organizaciones comunitarias", que ejercen funciones "habitualmente públicas".

Bermúdez demandó una mejor regulación sobre este modelo de transferencias, aunque se expresó proclive a mantener las tomas de razón de contratos previos que hace la Contraloría solo a los actos más importantes.

En el caso de Democracia Viva, los 426 millones traspasados en tres convenios entre octubre y diciembre de 2022 entre el entonces Seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el representante de la ONG, Daniel Andrade, se hicieron por asignación directa, sin revisión contralora.

Pese a esto, ante las dudas Bermúdez ordenó la suspensión de todos los procesos de tomas de razón relacionadas con traspasos de recursos a corporaciones privadas y fundaciones.

"Será mientras no se aclare bien la situación y eso evidentemente que va a ocasionar que los plazos se extiendan, pero eso es por una situación puntual que estamos viviendo y que era necesario poder reaccionar", dijo.

Casos nuevos

Ayer, la Fiscalía Regional de Los Lagos anunció la apertura de una investigación de oficio por la entrega de recursos del Gobierno Regional a fundaciones que operan en dicha zona.

Los cuestionamientos son por el traspaso de 4 mil millones de pesos a las fundaciones Chinquihue, Participa y a la Corporación Kimün.

"(Esto) tiene por objeto investigar la eventual existencia o misión de delitos que digan relación con fraude al fisco u otros", dijo el fiscal Marco Muñoz.

"No hay nada qué esconder", dijo el gobernador Patricio Vallespin, quien en esa calidad preside Chinquihue.