Polémica ha generado la creación de una comisión contra la desinformación por parte del Gobierno y, es que no deja de ser ruidoso cuando se pretende desmentir hechos en circunstancias donde lo cierto y lo falso, pareciera estar dividido de forma algo confusa. Por otra parte, la desinformación en la era de la información es una broma de mal gusto y se tienen que tomar cartas en el asunto pero, a mi parecer, crear una comisión como esta o una ley de medios, no es la respuesta correcta.

Entonces ¿cómo se combaten las fake news sin caer en la censura o en la creación de una verdad oficial? Pues permitiéndole a la ciudadanía el discernir sobre lo que miran, escuchan o leen; pero para que esto sea posible, es necesaria la formación cívica. Esto es lo que pretende la iniciativa popular de norma constitucional 6059.

Hablar de agendas conspirativas de la ONU, sobre derechos humanos comunistas y golpes de estado en pleno siglo XXI, parecieran ser verdaderas amenazas para las democracias modernas cuyos gobiernos no han podido detener pues han utilizado herramientas superficiales o que generan rechazo, como el intentar imponerse sobre la libertad de expresión. En estas circunstancias, la educación cívica permitiría que una población conocedora de sus derechos y el funcionamiento del Estado, no sea engañada por quienes difunden ignorancia y agresividad como métodos para generar inestabilidad y lograr el poder a toda costa.

¿Cómo podemos pretender que una persona que trabaja toda la semana se informe hoy correctamente sobre política y normativa? El trabajo es previo, en la educación media e incluso superior, donde se puede exigir como parte de los contenidos mínimos el que se reconozcan como ciudadanos y lo que eso conlleva, sino, todo esfuerzo por crear normas protectoras y servicios públicos sobra ante una población incapaz de identificar tales prestaciones básicas.

La educación cívica debe ser una política de Estado, debe estar contemplada como enseñanza mínima y transversal cuyo contenido es dependiente de los distintos poderes y no de uno solo, no del gobierno de turno. Basta de soluciones paliativas, la formación de los ciudadanos es parte estructural de la garantía de los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección; debe ser un imperativo constitucional.

Carlos Muñoz Lecerf

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El escándalo de Democracia Viva es un claro recordatorio de la hipocresía de nuestra actual clase política. Las acusaciones de malversación de fondos, tráfico de influencias y nepotismo golpean nuestras instituciones con fuerza devastadora. Los autoproclamados faros de la moral y la ética, estos días revelaron sus verdaderas caras, llenas de ambiciones y codicia, dañando aún más la ya débil confianza pública.

No puedo dejar de pensar en San Agustín quien decía que cuando los bienes morales son destruidos, la corrupción florece. Necesitamos líderes comprometidos, con la ética y la moral, que puedan resistir sus tentaciones e intereses personales.

¿No fueron estos mismos "políticos emergentes" los que prometieron un cambio? Sus promesas incumplidas demandan un mayor rigor crítico. Es hora de ver si pueden rescatar algo más que sus propios intereses. A juzgar por estas últimas revelaciones, la ironía es inevitable. Aquellos que se presentaban como símbolos de un futuro mejor, hace no muchos años, parecen haberse olvidado de sus propias promesas. Es hora de exigir acción y honestidad, no solo palabras.

Jorge Caradeux Estay

Cientista Político

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