Guillermo Ávila - La Estrella de Valparaíso

Una querella por prevaricación ingresada ayer por el abogado Carlos Lineros en el Juzgado de Garantía de la ciudad Puerto en contra del seremi de Transportes de Valparaíso, Benigno Retamal, interpuso Leonardo Fortunato Ramírez, representante legal de Comercial Fortunato y Cía Ltda. y dueño de un terminal de taxis en esta ciudad.

El empresario acusa que la autoridad de la seremía de Transportes no habría dado la autorización para que operara el recinto. Un caso que se remonta a 2016 y que a juicio de Fortunato al hoy, "cumple con toda la normativa vigente: dicho terminal es suscrito en el Registro Nacional de Transportes y lleva (timbre) de la Subsecretaria de Transportes, acá en Valparaíso".

Posterior a la inscripción, acota que todo estaría en regla. "Los vehículos que también están registrados y están con su patente vigente como taxis colectivos. Luego se adquiere un recorrido que lo visa y autoriza la municipalidad de Valparaíso, el cual también se inscribe".

El punto se suscita cuando, añade, va a inscribir el servicio "al seremi (Retamal), y él bajo una resolución absolutamente infundada, me entrega una resolución negando la inscripción del servicio".

Por tanto, replica Leonardo Fortunato, "la construcción del terminal y la compra de los vehículos es ascendiente a los 200 millones de pesos. La construcción del terminal son 150, pero en realidad, la afectación es mucho mayor", puntualiza.

De allí dice que el delito por el cual se está imputando, "en este caso al seremi, es por el delito de prevaricación establecido en el artículo 228 del Código Civil Penal". Eso, agrega, sin perjuicio de que en el curso de la investigación puedan haber "nuevos tipos penales, como por ejemplo, el cohecho o asociación ilícita".

A criterio del propietario de taxis, "la pena sería la suspensión en su grado medio del cargo y un pago en UTM, dependiendo de la culpabilidad del seremi...".

Al respecto, Fortunato espera que se ordene un sumario y se apliquen las medidas disciplinarias de acuerdo al estatuto administrativo. "Sin perjuicio que no creo que esté capacitado intelectualmente para ejercer el cargo". Pues, agrega, "causa daño a las personas con su actuar ilegal", redondea.

Cabe destacar que la prevaricación administrativa alude al "delito que comete un empleado público no judicial que dicte providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo".

También se le acusa, en este caso, del no cumplimiento de la Ley 19.880.

El seremi de Transportes refutó:"Hemos estado haciendo los esfuerzos para que trámites (como el mencionado) sean lo más expeditos posibles".

Una querella por cuasidelito de homicidio será presentada este jornada por los padres de la pequeña Danna Parra, que con solo dos meses falleció el pasado 2 de junio por virus sincicial en el hospital de Quilpué. La lactante, denuncia la familia, habría esperado por horas por un cupo para ser trasladada a una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, requerimiento que finalmente no fue cubierto, lo que le provocó la muerte.

La querella, explicó el abogado de la familia de la bebé, Carlos Cáceres, busca "establecer responsabilidades penales de los funcionarios a cargo del hospital y de la persona que tendría que haber gestionado los traslados, porque de haberse procedido de forma diligente, lo más probable es que la niña estaría con vida".

La querella está dirigida en contra de todos lo que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores.

De cara a la presentación de esta querella, el abogado recordó que aquel 2 de junio, la doctora a cargo decidió trasladar a la pequeña Danna a una cama UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Entonces, "a las cuatro de la tarde llega la ambulancia a buscarla, pero en realidad no era una cama UCI la que había conseguido, sino que UTI, se habían equivocado y no servía ese tipo de cama para atender a la niña".

En ese proceso, añadió Cáceres, "empiezan a contactar, según el hospital, a cualquier servicio público o privado que tuviera una cama disponible UCI (...) Empiezan a buscar un lugar, tampoco había ambulancias disponibles (...) Cerca de las nueve de la noche a la pequeña le empiezan a dar paros respiratorios, los médicos no logran estabilizar a la bebé y, en definitiva cerca de las 10:30 de la noche certifican la muerte", señaló el jurista.

En ese sentido, sostuvo que hubo un espacio de tiempo entre las 14:00 horas y las 22:30 horas de la noche, "donde la niña pudo haber sido trasladada y no se realizó ese procedimiento por error en la solicitud de la cama UCI y la ambulancia que nunca llegó". A juicio del querellante,"esto configura una negligencia inexcusable, de las que señala el Código Penal como cuasidelito de homicidio"., finalizó.

2 meses de edad, tenía la bebé Danna Parra , cuando falleció el pasado 2 de junio en el hospital de Quilpué.