Redacción - La Estrella de Valparaíso

Una visita y reunión de trabajo realizaron, durante el fin de semana, diversas autoridades de la región, en el Club Aéreo de Rodelillo, con la finalidad de analizar en terreno la posibilidad de albergar en este recinto el nuevo helicóptero policial que llegará a la región para reforzar los desplazamientos de Carabineros en la zona.

En la reunión participaron el presidente del Club Aéreo de Rodelillo, Juan Carlos Proschle; el presidente de la Federación de Clubes Aéreos, Hernán Santibáñez; funcionarios de la Prefectura Aérea de Carabineros; el general de la V Zona Edgar Jofré; y los consejeros regionales Manuel Millones y Laura Acosta.

Según explicó Millones, el objetivo de esta instancia es buscar un espacio para la nueva aeronave policial comprometida desde el año para la Región de Valparaíso pero que no ha podido ser destinada debido a la falta de un hangar que le sirva como base.

"Esa aeronave, que está aprobada por el alto mando de la institución y comprometida desde el año pasado, no ha podido llegar a la zona pese a la voluntad de la entidad policial, por la burocracia que se da entre el ministerio de Bienes Nacionales y el Serviu, derivado de los límites de la propiedad ubicada en Glorias Navales, donde está la Escuela de Instrucción de Carabineros y que era el lugar para albergar el helicóptero", señala Millones.

"Es una situación lamentable que no podemos callar, por cuanto con esa aeronave en la región se pudieron salvar vidas de personas heridas en accidentes automovilísticos, realizar persecuciones de delincuentes que participan en actos violentos, operativos antidrogas o el traslado de niños en el contexto de esta crisis de enfermedades respiratorias, que ya cuenta con dos menores fallecidos", señaló.

Centro aeronáutico

Según precisó Millones, existe disposición del Club Aéreo de Rodelillo para avanzar en la posibilidad de habilitar una sección de la prefectura aérea en ese lugar. Agregó que el Consejo Regional ya reservó $800 millones para la construcción del hangar.

"Si todo sale bien, entonces se podrían usar las dependencias e infraestructura del Club Aéreo de Rodelillo, en el marco de las inversiones que se van a ejecutar con fondos públicos para la presencia de Conaf; por tanto tendría una mayor jerarquía en términos operacionales e incluso recibir el avión ambulancia de Carabineros si fuera necesario. Hay que tener presente que esta pista ha sido clave para enfrentar los incendios forestales y la decisión de invertir fondos públicos con una remodelación de la pista se justifica plenamente, por cuanto tiene un intensivo uso público", agregó el consejero. Las obras de mejoramiento de la pista demandarán una inversión de $17 mil millones a cargo del MOP.

Recursos

"De acuerdo a lo que he conversado con el general Edgar Jofré, si se obtiene el comodato del Club Aéreo, se debe construir el hangar y para ese proyecto el Consejo Regional ya dispuso fondos para cubrir esa demanda, por los múltiples beneficios que traería tener en la zona a la Prefectura Aeropolicial. Esta aeronave sería para múltiples usos, no descartando que podamos contar con más de una aeronave en la región, por lo extenso del territorio, pero esta responsabilidad recae en el Congreso, para que en la Ley de Presupuesto se destinen los recursos para la compra de un helicóptero, el que se estima en 8 mil millones de pesos", puntualizó el core.

Inquietud ha generado en Viña del Mar la salida del gobierno de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, quien selló su renuncia al cargo luego de reconocer que no había informado al ministro Carlos Montes acerca de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación directa de la fundación Democracia Viva -vinculada con autoridades de RD- para programas de asentamientos precarios en Antofagasta.

¿La razón? Rojas era la coordinadora para la reconstrucción tras el devastador incendio de diciembre del año pasado en la parte alta de Viña del Mar.

La consejera Laura Acosta se sumó ayer a las preocupaciones de los vecinos, señalando que "compartimos la preocupación de la Unión Comunal sobre un eventual atraso en la reconstrucción, por lo que nos sumamos a las palabras de los dirigentes y solicitamos respuestas claras y plazos fijos. Es importante que el ministerio dé las garantías necesarias de que no habrá atrasos en este proceso".

Ante el escrutinio al que están sometidos los contratos del Minvu con diversas fundaciones, que también existen en la región, Acosta indicó que "si estos eventualmente no se ajustan a las normas que existen para estos efectos y se transgredan procedimientos administrativos, entonces acá también se tendrían que asumir las consecuencias políticas y, por lo mismo, el ministro debe asegurarnos que pase lo que pase con el caso de las fundaciones, no se va afectar la reconstrucción en Viña del Mar. La comunidad requiere respuestas claras y procedimientos correctos y fiscalizados".

Hasta el miércoles pasado, fecha en que concluía la instancia, se recibieron 1.292 Iniciativas Populares de Norma (IPN) que se abrirán ahora a votación abierta de la ciudadanía en una carrera para lograr las 10.000 firmas necesarias que cada propuesta requiere para ser debatida en el Consejo Constitucional, encargado de redactar la propuesta de nueva Carta Magna.

"Invitamos a toda la ciudadanía a que tengan una amplia participación en las próximas dos semanas, porque esta es la gran oportunidad de incidencia que tiene la ciudadanía para formar parte de este proceso", dijo el encargado de las Audiencias Públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana del proceso, Rodrigo Gil.

En un comunicado, la Subsecretaría de Participación Ciudadana del proceso constituyente informó que la mayoría de las IPN están dirigidas a nutrir el capítulo de los derechos fundamentales, con los derechos educativos liderando las solicitudes.

Hasta el 7 de julio, los ciudadanos podrán votar digitalmente las 10 iniciativas de norma que más les atraigan, que proponen suprimir, modificar o introducir adiciones a los artículos del anteproyecto constitucional, redactado previamente por una comisión experta y trabajar por el Consejo Constitucional.