Matías Gatica Lindsay

Sin firmas de Evópoli, diputados de oposición presentaron ayer una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, un libelo de siete capítulos que incluye uno sobre presuntas irregularidades de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ( Junaeb), y que será revisado en comisión por mayoría oficialista.

En la acusación presentada por las parlamentarias del Partido Social Cristiano Sara Concha y Francesca Muñoz, y respaldada por RN, la UDI y el Partido Republicano se culpa a Ávila de infringir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, por las Jornadas de Educación No Sexista y orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género, además de supuestamente excluir a los estudiantes con discapacidad de la Política de Educación Inclusiva.

También se le culpa de mala conducción del sistema educativo; negligencias e inejecuciones al implementar los Servicios Locales de Educación; incumplimiento del rol de supervigilancia de Junaeb por información de educación no sexista en cuadernos entregados a estudiantes; y falta de supervisión programas de Alimentación Escolar" y de Alimentación Parvularia, también de Junaeb.

Sobre ese capítulo, radio Bío-Bío consignó que entre marzo y diciembre de 2022, la Junaeb gastó cerca de $41 mil millones por raciones servidas en colegios no licitados, sin contrato; y pagó cerca de $71 mil millones por servicios licitados, pero no prestados.

El ministro Ávila, minutos antes de presentarse la acusación, dijo que "la directora de la Junaeb está trabajando en algunas respuestas más inmediatas" y añadió que "no me puedo referir a un texto que no conozco".

En la tarde se sorteó los diputados que revisarán el libelo en una comisión, la cual estará compuesta por Tomás Hirsch (AH), Héctor Ulloa (IND-PPD), Juan Santana (PS), Miguel Becker (RN) y Gloria Naveillán (INDP), es decir, tres oficialistas y dos de oposición, quienes en los próximos días verán el texto y tomarán una decisión no deliberante.

Si bien por ahora la acusación ha sido respaldada por la derecha y la jefa de bancada del PDG, Karen Araya, su par de la DC, Eric Aedo, dijo que aún se encuentran en análisis. Los partidos Apruebo Dignidad han asegurado que rechazarán el libelo, que necesita 78 votos a favor para llegar al Senado.

De manera unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua decidió absolver al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, a su exesposa Natalia Compagnon y el socio e la emoresa, Mauricio Valero por la artista estafa del caso Caval.

La denuncia data de 2016, cuando el empresario Gonzalo Vial se querelló por un perjuicio económico de 1.300 millones de pesos por diversas asesorías e informes en temas mineros presuntamente falsos entre 2012 y 2013.

Con los antecedentes el Ministerio Público, respaldado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), formalizó a los acusados por los delitos de estafa e infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo en octubre de 2022 Vial decidió retirar su querella luego de llegar a un acuerdo con las partes.

De esta manera y sin víctima fue que el CDE y la Fiscalía siguieron con la causa. El pasado 30 de mayo comenzó el juicio contra los tres imputados y para ayer estaba pactado que se entregara el veredicto del caso.

De acuerdo al tribunal, hubo deficiencias en las pruebas de cargo por parte de la Fiscalía y por ello se decidió absolver a Dávalos, Compagnon y Valero. De esta forma se da término a la última arista abierta del caso que salió a la luz en 2015 y que afectó a la administración de Michelle Bachelet.

Luego que un reportaje de Canal 13 reveló que Claudia Soto, quien prestaba servicios en el Ministerio de las Culturas desde 2020, lideraba con otro nombre (Gloria Bascuñán) una toma ilegal en Cerro Navia, la cartera decidió desvincular ayer a la denunciada. "Analizados los antecedentes expuestos por un canal de televisión con relación de la profesional Claudia Soto, se ha determinado poner fin a su contrato de prestación de servicios a honorarios", dijo en un comunicado el ministerio, que agregó que se pondrá a "total disposición con las autoridades competentes para colaborar en las investigaciones que se puedan realizar".

El diputado RN Miguel Mellado, quien la semana pasada filtró a la prensa el audio de una reunión del Presidente Gabriel Boric con parlamentarios de la Macrozona Sur, le solicitó a su abogado, Juan Carlos Manríquez, "pedir expresas disculpas al señor Presidente de la República (...) Por haber contrariado del modo que lo hizo la forma del actuar político, pero bajo la convicción de no haber cometido delito criminal". Además indicó en conferencia de prensa que Mellado va a estar a disposición de las diligencias de la comisión de Ética de la Cámara y ante la Fiscalía de Valparaíso, con la que dijo que ya tomó contacto.