Francisca Palma Schiller

En medio de la crisis sanitaria por virus respiratorios, el hospital de Quilpué ha estado en el centro del "huracán". Como si esto no fuera poco, el establecimiento asistencial suma una nueva problemática: una apremiante crisis en salud mental. Así lo reveló la Fenats del establecimiento a través de un comunicado.

Y el documento es categórico: desde la federación de trabajadores aseguran que pacientes, muchos de ellos menores de edad y judicializados, estarían consumiendo drogas al interior del recinto, como también utilizando las dependencias para "parapetarse" y amenazar a los trabajadores de la salud. Junto a lo anterior, revelan allanamientos en el lugar y actitudes sexualizadas, situación que estaría colapsando a los funcionarios.

"Con fecha 9 de junio del 2023, en el baño, tres pacientes de salud mental consumieron marihuana, siendo necesaria la presencia de Carabineros, quienes realizaron un allanamiento en el lugar, encontrando esta droga en distintos sectores de la habitación", explicitaron en el comunicado.

Y añaden, "constantemente se dan situaciones riesgosas como por ejemplo, actitudes sexualizadas entre pacientes, quienes además se parapetan en las salas amenazando y agrediendo al personal si este intenta interceder y administrar medicamentos, quedando expuestos constantemente a estos riesgos y no solo las y los trabajadores, sino que también pacientes que son ingresados a este servicio por otros motivos que nada tienen que ver con salud mental".

A lo anterior, develan que algunos de estos pacientes son judicializados y, en algunos casos, llevarían "más de dos años hospitalizados sin el tratamiento necesario. Estas situaciones están en pleno conocimiento de la dirección del hospital, sin embargo, no hay acciones que contribuyan a mejorar".

Considerando la extrema situación, la Fenats no descarta movilizaciones.

Insostenible

Para el primer director de la Fenats del hospital de Quilpué, Marcelo Ahonzo, la situación es "insostenible" y es una crisis que "ya se había anticipado".

En ese sentido, asegura que el recinto no cuenta ni con el equipo, ni con la infraestructura necesaria para atender como corresponde a este tipo de pacientes.

"Nosotros tenemos un decreto, el 570, que regula la internación de estos pacientes con estas patologías a hospitales no especializados, como es el nuestro. El decreto indica que tenemos que tener un equipo multidisciplinario 24 horas a disposición de este tipo de pacientes y no lo tenemos… la infraestructura para qué decir. Su tratamiento no avanza, por lo que se están vulnerando sus derechos", evidencia el dirigente.

"La situación ahora se acrecienta porque hay muchos pacientes que están judicializados, pacientes que un juez determina, porque no tienen redes de apoyo, que lleguen al hospital y han pasado hasta dos años hospitalizados y no se les da el tratamiento adecuado, porque nosotros no tenemos cómo atenderlos", reitera.

Como si se tratase de un grito de ayuda, los trabajadores solo esperan que la dirección tome cartas en el asunto, cuestión que hasta la fecha, según manifiestan, no ha ocurrido.

Falta de cupos

Ante las acusaciones, desde el recinto aseguraron que el hospital "tiene un compromiso en la atención de nuestros pacientes, entre ellos niñas, niños, adolescentes y adultos que cursan una patología de salud mental".

A su vez, reconocen no ser un establecimiento de especialidad psiquiátrica, sin embargo, "ante la falta de cupos en hospitales de esta área, se están realizando todos los esfuerzos para brindar atención a los pacientes que lo requieran, muchos de los cuales llegan con orden de ingreso hospitalario oficiados por tribunales competentes".

"A través de la dirección, y de todas sus subdirecciones, el hospital de Quilpué se encuentra constantemente implementando medidas inmediatas y nuevas estrategias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de los equipos de salud, atendiendo sus necesidades para contar con mayores herramientas de atención y revisión de nuestros procedimientos", agregaron.

3 pacientes habrían consumido marihuana al interior del hospital, situación que obligó la presencia de la policía.

A semanas de su anuncio, la interposición del recurso de protección ya es una realidad para los vecinos de Laguna Verde, comunidad que se ha visto afectada por un alza en sus contribuciones luego de sufrir un cambio en el avalúo de sus predios por parte del SII de agrícola a residencial.

Así, la jornada de este miércoles, representando a 800 personas del sector, el abogado Rodrigo Díaz, oficializó la presentación judicial en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

"Nadie cuestiona que el Estado tiene la potestad para poder alzar los tributos eventualmente o el reavalúo de las propiedades, pero lo que aquí se gestiona, y debe ser considerado con atención, es que esa potestad también debe atender las circunstancias particulares de la zona que se trate. Aquí hablamos de una parte de la ciudad de Valparaíso que es un conjunto de irregularidades. En esa circunstancia, el ejercicio de esta potestad vulnera garantías constitucionales; hay un tema de proporcionalidades", explicó el abogado.

Asimismo, el consejero regional Manuel Millones, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, también llegó a apoyar a los vecinos. "En busca de la solución definitiva, se ha solicitado al Minvu recursos para actualizar el plan intercomunal y permitir incorporar como zona de extensión urbana la localidad de Laguna Verde y el sector de Colmo, territorio que tiene el mismo problema de venta de derechos. Hay que hacer una intervención para dar respuesta y caminos de solución a estos conflictos", puntualizó Millones.