"Hay que comprender que tras la usurpación hay mucho temor"
Valentina Correa expuso en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados su pelea tras el crimen de su padre, motivado por la toma de un terreno. Arquitecto Poduje mostró una radiografía de los actuales campamentos.
Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso
Hasta la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados llegó Valentina Correa, hija de Alejandro Correa, el empresario víctima de un asesinato por encargo motivado por una toma de terreno en Quilpué.
La visita de Correa, quien estuvo acompañada del arquitecto Iván Poduje, se enmarcó en la discusión del proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, ocasión en la que se ha debatido - entre otros aspectos- sobre que la usurparción sea un delito continuo y que no dependa de la flagrancia para abordarlo.
De un litigio a un crimen
En ese sentido, Valentina expuso latamente su testimonio, haciendo una introducción sobre cómo un litigio por tierras terminó con su papá acribillado y con cuatro personas condenadas por homicidio calificado y una por usurpación de terrenos, aunque esta última cumpliendo pena en libertad.
Aquello sirvió como preámbulo para describir el temor y falta de seguridad que Valentina asegura sentir por ella y su familia y cómo el Estado, tanto en el gobierno anterior como el actual, se han ido "tirando la pelota" para en definitiva no hacer nada al respecto.
Aquello estuvo antecedido por una exposición del arquitecto Poduje, que describió cómo han variado las tomas, tema en el que aseguró entre los años 2018 y 2022 Chile retrocedió 26 años.
En ese sentido, Poduje indicó que el actual aumento de los campamentos se explica por la crisis migratoria y el alza de precio de las viviendas, lo que deriva en una "industria que surge para atender estas demandas".
La industria, eso sí, se asocia a lo que Poduje denomina "traficantes de suelos" que se distingue claramente de un "campamento tradicional" que surge "espontáneamente" para cubrir necesidades básicas, pues lo que califica como "una industria criminal" se encarga de usurpar terrenos de forma casi profesional, esto es, usando maquinaria pesada, trazando calles con topografía y arquitectura y entregando lotes más grandes donde "instalan familias para evitar el desalojo" y luego "venden los terrenos restantes".
Bandas controladoras
"Es más rentable que la droga", asegura el profesional, quien estima que este negocio ilícito genera ingresos anuales por unos 30 millones de dólares y permite que finalmente "las bandas queden con el control de los barrios, el control territorial, que es lo más grave".
Asimismo, Poduje afirmó que esta "mafia se mueve más rápido que la política de vivienda" y que "si no se controla ahora, va a poner en jaque el derecho a la propiedad y la seguridad de familias vulnerables". "Esto es imposible de controlar por el Estado con la legislación actual", indicó el arquitecto.
En complemento, Valentina agregó que "regular esto es hacerle frente también al narcotráfico, al sicariato y al crimen organizado".
De esta manera, Correa apuntó a la burocracia estatal en el caso de sus terrenos aún tomados: "Falta coraje, voluntad, porque hoy descansa en el escritorio de la seremi Minvu, Belén Paredes, una orden de demolición. (...) Si quisiera, el gobierno actual podría demoler mañana y se va a encontrar con una toma bastante desocupada".
"Yo le pido mucha protección al Estado porque al haber continuado esta lucha, muchas veces en soledad, muchas veces con negativas de este gobierno y del anterior, me he sentido en peligro. Sé que hay muchas familias amenazadas por situaciones similares. Yo no tengo alma de mártir, mi familia ya tiene un muerto, pero esto lo seguiremos empujando porque yo quiero mucho a este país".
Valentina agregó ante los legisladores que "necesitamos comprender que tras la usurpación hay mucho temor. Mi caso no puede ser mirado como la excepción que fue para mí cuando me dijeron que a mi papá lo mató un sicario (...) eso ya se incorporó y es parte de la realidad. (...) Dado eso, hoy es imposible que tratemos esto como un tema entre privados, como me lo ha hecho saber en diferentes ocasiones el ministro Montes (de Vivienda) a través de la prensa".
Oportunidades
En esa línea, Valentina sostuvo ante la Comisión que hoy "el Congreso tiene la oportunidad de que casos como el de mi familia no se repitan, el gobierno tiene la oportunidad de dar una señal de que está contra el sicariato, contra el narcotráfico y que es capaz de respaldar la propiedad privada".
Asimismo, Valentina reflexionó indicando que "pese a que los asesinos (de Alejandro Correa) están en la cárcel, el negocio les resultó porque mataron a mi padre para sacarlo del conflicto y si esa toma se perpetúa en el tiempo, damos una señal de que puedes matar a otro para quedarte con sus bienes y eso es algo a lo que como persona no quiero contribuir y por eso estoy acá", dijo Valentina, comentando posteriormente que "si no se actualiza esto (la ley), más que nunca me siento empujada hacia la autotutela".
"Es un Estado que enloquece y en ese enloquecimiento la única vía va a ser la autotela, que yo entre y produzca un conflicto entre civiles".
"Al haber continuado esta lucha, me he sentido en peligro. Sé que hay muchas familias amenazadas por situaciones similares".
Valentina Correa