Valentina Armijo Soto - La Estrella Valparaíso

Una carta abierta en la que detallan la situación crítica de pacientes oncológicos tras la no implementación de la Ley Nacional del Cáncer (LNC) redactaron Fundación la voz de los pacientes Chile, la Corporación Valientes y la Corporación Sumemos Salud entidades que buscan visibilizar las falencias desde la puesta en marcha de este cuerpo legal.

Las organizaciones han conseguido formar una alianza con algunas autoridades entre ellas la diputadacomunista Karol Cariola, quien el 10 de abril ofició a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, solicitando respuesta ante la situación de la infraestructura con alta tecnología, la implementación de profesionales, y el nivel de avance del registro nacional del cáncer.

¿Por qué es importante este registro? Porque cuando figura cáncer en el sistema, automáticamente se activan los protocolos de forma más rápida y oportuna.

Urgencias

"¿Si se hizo un registro para COVID cómo no es posible que se haga lo mismo para el cáncer?", se pregunta Mónica Toro, presidenta de la Corporación Valientes, una asociación de mujeres que padecen cáncer, cuya conformación es actualmente de 2 personas luego de que las demás fallecieran a causa de la enfermedad.

Toro señala que pese a que existe la posibilidad de que la terapia no funcione, también se debe considerar que sin el registro no es posible acceder a un tratamiento como las Drogas de Alto Costo (DAC) cuyo fin es precisamente "entregar cobertura a medicamentos de alto costo para personas con problemas de salud oncológico pertenecientes a establecimientos de la red pública de salud".

Uno de los medicamentos contemplados en el DAC es Fulvestrant, administrado para algunas pacientes con cáncer de mama, cuyo valor en el mercado es de $729.690 pesos. Respecto a estas, Mónica manifiesta que el programa de fármacos no posee un reglamento y mucho menos plazos. "En la mayoría de los regímenes se necesitan en 21 días y puede llegar a los 30, por lo que no hay exactitud dando paso a una posible inefectividad del medicamento".

Esta misma ambigüedad sostiene el presidente de Fundación oncológica La Voz de los Pacientes Chile, Víctor Flores, "uno no conoce cómo funciona. No hay una transparencia hacia la sociedad civil". "Ya van 15.600 personas solamente en tema de diagnóstico. Se nos están muriendo pacientes que esperan resultado de sus biopsias sin poder acceder a una atención médica".

Realidad LOCAL

En la Región de Valparaíso, de acuerdo a Mónica Toro, se estima una población de 1 millón 800 mil personas para los que son necesarios 18 oncólogos, no obstante el Hospital Carlos Van Buren cuenta solo con 5 de estos profesionales recibiendo incluso a pacientes de la Cuarta Región. Pese a ello, cuenta con el servicio de realización de biopsias, cuyos resultados pueden estar disponibles entre 48 a 72 horas.

El Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar se ocupa de pacientes con cáncer infantil, dermatológico, y leucemia. También trata patologías mamarias, sin embargo no posee horas disponibles para el control de seguimiento de pacientes desde hace meses, problema que será sometido a evaluación antes del término de este mes.

26 de mayo será cuando los dirigente harán entrega de dicha carta, junto a autoridades del Congreso Nacional.

La doctora Isabel Safiee, médico investigador de la Unidad de Investigación Epidemiológica y Clínica Fundación Arturo López (FALP), enfatiza en la urgencia de un registro para la mejor administración de los recursos. "Está la ley pero no hay claridad del financiamiento. No representa la realidad del país. Más que algo de recursos, es ponerse de acuerdo en una plataforma única y ver cómo se recolectan los datos. Porque lo más difícil es analizarlos", explica. Mientras a nivel local, en el hospital Carlos Van Buren la doctora y médico radióloga Camila Fuentes ha sido parte de un operativo impulsado por la institución para llevar a cabo mamografías estancadas en la lista de espera, para lo cual se traslada a la región los fines de semana debido a la carencia de especialistas en la materia.

El Estado de Chile fue condenado a pagar 400 millones de pesos a la familia del ex Prefecto de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, Juan Bustos Marchant, asesinado en 1974, meses después de instalada la dictadura militar.

Así lo determinó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, resuelto por la ministra en visita extraordinaria, María Cruz Fierro, cuya sentencia busca reparar los perjuicios y el daño moral provocado en las hijas del PDI, Gloria Bustos Velozo y Vivian Bustos Velozo.

La familia, representada por el abogado porteño, Guillermo Kegevic, desde 2004 busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del policía el 2 de mayo de 1974, mientras se encontraba detenido en el cuartel de calle Uruguay y bajo la custodia de agentes del Estado.

Cabe consignar que en la causa fue declarado culpable, por el delito de homicidio calificado, Mario Tashima Rebolledo, quien en la fecha ejercía como Prefecto de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Esto, luego que la parte querellante lograse demostrar que el deceso de Bustos, no se debió a un suicidio, sino a la acción de terceros.

La sentencia en lo civil se resuelve a casi 50 años de ocurridos los hechos.

La investigación en lo penal continuará, toda vez que no aplica la prescripción al tratarse de un crimen de lesa humanidad.