Mirian Mondaca Herrera

Con pancartas y decididos a agotar todas las instancias a sus disposición para frenar la construcción de la planta desaladora que la empresa Aguas Pacífico pretende instalar en la zona, ayer llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso representantes de los siete sindicatos que componen la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, de Quintero y Puchuncaví. Con la misma determinación que hace once días mantienen bloqueados los accesos al lugar donde se ejecutan las obras, presentaron un recurso de protección que busca que los trabajos se detengan.

Con la presentación del recurso de protección esperan conseguir una orden de no innovar mientras se analiza el la acción presentada. En esa línea, el abogado patrocinante de los pescadores, Felipe Olea, explicó que "lo que se busca es que la Corte de Apelaciones de Valparaíso en su función de garante y por medio de esta acción que busca una tutela urgente de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, se resguarde no solo la salud y el medio ambiente, en este caso de la comunidad y de la zona de Quintero y Puchuncaví, sino que también su integridad psíquica, física, como su vida, toda vez que toda esta se encuentra afectada en razón de este actuar ilícito de esta empresa, que está desarrollando obras sin contar con los permisos adecuados".

En relación a la falta de permisos que expone el jurista, estos corresponden a una autorización de la Dirección de Obras del municipio de Puchuncaví, la cual no ha sido entregada. "Ellos (la empresa) olvidaron en su momento tramitar los permisos que le autorizan en este caso a trabajar en el borde costero, a remover, a realizar acopio de arena y que este debía obtenerse en una autorización que en este caso liberaría la Armada de Chile; pues bien, efectivamente la Armada de Chile condicionó a este permiso obtener una autorización de parte de la Dirección de Obras de la municipalidad de Puchuncaví, el cual a la fecha no existe", acotó Olea.

Entre los hombres de mar que llegaron hasta el tribunal de alzada porteño estuvo el presidente de la mencionada federación de pescadores, Hugo Poblete, quien señaló que entre los efectos negativos que temen se cuentan algunos que, incluso, se podrían desencadenar a corto plazo, en su fase de construcción. Aquello tiene relación con el movimiento de tierra y de arena que se desarrolle durante las obras, ya que se abre la posibilidad de que se liberen considerables cantidades de arsénico, sedimentado en la zona como consecuencia de la contaminación que ha existido por décadas en la zona.

Otra de las consecuencias negativas que les preocupa son las importantes concentraciones de salmuera que se libere al mar cuando la planta desaladora entre en operaciones.

Los pescadores destacaron también la necesidad de que la comunidad entera de la zona aúne esfuerzos, ya que el proyecto impactaría en toda la zona. Es por eso que Poblete hizo un llamado a que se plieguen "las juntas de vecinos, los grupos de colectiveros, las Cámaras de Comercio, porque este es un daño irreversible que va a afectar no solo a la pesca artesanal, sino que a la economía de ambas comunas, que depende en gran medida del turismo".

En relación a estos cuestionamientos, el director de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Aguas Pacífico, Mauricio Alegría, indicó que en el estudio de impacto ambiental presentado a la autoridad no se detectó presencia de arsénico, pero que "se han contemplado todas las medidas que se requieren para reducir las emisiones atmosféricas en la construcción de la planta y las obras anexas".

Por otra parte, sostuvo que el agua de descarte de la desalinización y/o efluente salino no genera grandes concentraciones de sal en la bahía: "Para reducir al máximo cualquier impacto sobre el mar, el proceso se realiza mediante un sistema difusor compuesto por 18 toberas", añadió.

Según informaron desde la empresa también, la planta tiene la capacidad para producir hasta 1.000 l/s de agua dulce multipropósito y multiusuario. Es decir, el agua podrá ser utilizada para diferentes usos, tales como, actividad minera, procesos industriales y, de potabilizarse, para el consumo humano.

1.000 personas serían las afectadas en primera instancia, solo si se considera a los pescadores y sus familias.

9 años de angustia son los que ha vivido la familia del joven viñamarino Víctor Alejandro Peña Vergara, quien desapareció el 17 de mayo de 2014 en Valparaíso. Tras compartir en un after junto a un compañero de trabajo, las imágenes de cámaras de seguridad en calle Molina, en el exterior de la Mutual de Seguridad, son el testimonio de la última vez que fue visto.

Pese a que se efectuaron diligencias a través del Ministerio Público, no hay indicios de su paradero. Solo la semana siguiente a su desaparición se encontraron algunas pertenencias suyas en un acantilado en Playa Ancha, pero su familia sospecha que fueron puestas ahí para despistar.

En plena pandemia, surgió una nueva pista que puede ser valiosa y que la familia pide se investigue. Su madre, Laura Vergara, relata que se trata de un rayado en la pared de un bar de Viña del Mar que dice: "El cochero mató a un loco. Víctor Peña, se busca". La mujer lo asocia a los cocheros de la ciudad, lo que coincide con un dato que años atrás le dio un hombre que estuvo en la cárcel, pero que hoy está fallecido. Desde Fiscalía informaron que la causa está archivada de manera provisional.

"En caso de haber nuevos antecedentes que permitan abrir una línea investigativa, la Fiscalía está siempre disponible para la recepción de información", añadieron.